¿Por qué el PSOE no quiere acabar con la «violencia» sindicalista?
Sánchez aplaude el trabajo parlamentario del PSOE
Los sindicatos piden a los ciudadanos que defiendan el derecho a la huelga
El PSOE ha presentado este jueves en el Congreso un tercer paquete de iniciativas parlamentarias.
Hasta la fecha, los socialistas han registrado en la Cámara Baja 30 propuestas, entre las que destacan la derogación de las reformas laboral y educativa, rescatar la Ley de Dependencia o subir el Salario Mínimo Interprofesional.
El portavoz socialista, Antonio Hernando, justifica esta «proliferación» de iniciativas asegurando que es necesario que el Congreso «se ponga a trabajar ya de lo que importa a los ciudadanos».
En medio de todas estas iniciativas presentadas por el PSOE liderado por Pedro Sánchez está la derogación del artículo 315.3 del Código Penal (CP), que modificó el Gobierno de Mariano Rajoy para ampliar la protección del derecho al trabajo en España.
El artículo en cuestión dice que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses«.
Se trata, en el fondo, de proteger el derecho al trabajo de todos los españoles. Algo, parece ser, mal visto por el PSOE, que ha llegado a decir que este apartado de la norma penal «es el que está permitiendo al Ejecutivo y a la Fiscalía perseguir a los sindicalistas que ejercen la defensa de los derechos de los trabajadores«. Puede leer aquí el texto íntegro de la iniciativa.
Primero fue la secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez, quien, la semana pasada, en un acto en defensa del derecho de huelga organizado por CCOO y UGT, habló de «persecución policial a sindicalistas» refiriéndose al 315.3 del CP.
Ayer, Antonio Hernando secundó las palabras de su compañera diciendo que «la derogación del artículo 315.3 del Código Penal impedirá que los sindicalistas que participan en huelgas y en piquetes informativos sean encarcelados«.
Las palabras del portavoz socialista en el Congreso, en el núcleo legislativo español, chocan frontalmente con el contenido del artículo 315 del Código Penal, que establece, en su apartado 1 que «serán castigados con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga«. Y que en su apartado 2 añade que «si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con coacciones serán castigadas con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses«.
Claro que, en contraposición al derecho a la huelga, el legislador tiene que situar el derecho al trabajo; y protegerlo en la misma medida. Y eso es lo que el apartado 3 del precepto hace y lo que cuestiona el PSOE, que, en definitiva, se sitúa a favor de la violencia sindicalista que, históricamente, se ha ejercido en el ámbito laboral y que ha impedido a miles de trabajadores «ir por libre», aceptar las condiciones establecidas en los contratos laborales que firmaron o, simplemente, no apoyar las reivindicaciones que sus «compañeros» de trabajo plantean a la empresa.
Pero como dijo la secretaria de Empleo del PSOE, «en un país democrático, en un país con un estado social como el nuestro, no cabe persecución policial de los sindicalistas». Y eso, hagan lo que hagan, incluso impedir a otros compañeros, habitualmente mediante el uso de la violencia, acudir a cumplir con sus obligaciones laborales. Según Rodríguez, esto es un «derecho fundamental de los sindicalistas» que no puede tocarse…
Pero ¿por qué quiere el PSOE derogar el apartado 3 del 315 del CP, cuando con él y con la actual reforma laboral en vigor las empresas producen en un clima laboral más «limpio» y menos encorsetado por los convenios? ¿Quizás porque cuanto más empleo privado haya se necesita menos empleo público, vivero de votos socialistas…?
Algunos creen que el derecho de huelga debe prevalecer al derecho al trabajo
