Policías quieren mantener la Seguridad en todo el Estado
Las FCSE previenen las amenazas….
Temen que la Generalitat de Cataluña use en el futuro a los Mossos como «ejército de choque»
La Fiscalía los investiga por su «defensa» de los lazos amarillos
Alternativa Sindical de Policía (ASP) registró ayer un escrito dirigido al presidente del Gobierno en el que solicitan recuperar para la Policía Nacional y la Guardia Civil la competencia de seguridad ciudadana perdida en favor de las policías autonómicas en 1986.
El sindicato policial lo hace «con el fin de garantizar el orden constitucional establecido por el pueblo español y ratificado por la Constitución Española de 1978» y ante las muestra reiteradas de «desacato» de las distintas policías autonómicas, especialmente los Mossos d’Esquadra.
Lo que quieren los policías es que agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil sean desplegados en las distintas capitales de provincia de las Comunidades que tienen asumidas las competencias en materia de seguridad ciudadana.
Apoyan su petición en las continuas trabas que los policías autonómicos han puesto a la cooperación y colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil en detrimento de la seguridad pública. Como ejemplos de lo anterior mencionan «la deslealtad de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el pulso secesionista contra el Estado Español del 1-0«. Recuerdan que «los miembros del cuerpo policial autonómico colaboró con los «mandos politizados, cumpliendo órdenes ilícitas y obviando las impartidas por la autoridad judicial competente», llegando incluso a enfrentarse físicamente con miembros de la guardia civil cuando realizaban su labor.
También rememoran la ocultación de información relevante a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cambrils y Barcelona.
La última demostración de la «animadversión» de los Mossos con las FCSE ha quedado patente con la no incorporación al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Esto, dicen, impide el volcado de sus datos y a la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior coordinar adecuadamente el Centro.
Esta negativa es más preocupante, señalan, cuando el Gobierno de Cataluña ha intensificado su apuesta por el proceso unilateral para la independencia. Las recientes declaraciones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciando que van a «atacar al Estado Español injusto y hacer realidad la república catalana», elevan los temores de los miembros de este sindicato policial
Por si todo esto no bastase, en ASP han sabido que el Govern ha pedido al Gobierno incrementar el número de mossos y que se les dote de armas de guerra «para combatir el terrorismo islamista». Los policías temen que el objetivo último de esta solicitud sea «convertir a los Mossos d’Escuadra en un ejército de choque, en su ejercito particular» y prepararlos para «el enfrentamiento armado contra policías nacionales y guardias civiles cuando procedan a elevar el pulso contra el Estado Español, declarando de forma unilateral la independencia».
Ante todos estos indicios, los policías citan el artículo 97 de la Constitución Española, que dispone que es el Gobierno de la Nación quien dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerciendo la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
También mencionan el artículo 149, que dice que es competencia exclusiva del Estado las relativas a materia de Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
Y ante todo esto, recuerdan a Pedro Sánchez que «es el presidente del Gobierno de España quien tiene la obligación de la defensa del estado constitucional, sin doblegarse a las exigencias de unos pocos, ya que mantenerse en el poder a cambio de unos votos puede llevar a la sociedad española a la confrontación».
Para terminar, acusan a los independentistas de sojuzgar, estigmatizar y criminalizar a aquellos otros ciudadanos que, dentro de su propio territorio, no reivindican como ellos la independencia.
