Piden al Tribunal de Cuentas datos sobre el dinero malversado el 1-O
Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid
Ante las peticiones de indultos tramitadas en favor de los condenados por el 1-O la Sala que condenó a los golpistas quiere saber si han devuelto el dinero malversado
El tribunal que juzgó el ‘procés’ ha acordado hoy solicitar un informe al Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de responsabilidad contable que, en relación a los condenados por el ‘golpe’, se estén tramitando por los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña.
Lo que en realidad quiere saber el Supremo es si los golpistas han pagado los 4,1 millones de euros que malversaron en la organización del referéndum ilegal.
El requerimiento fue solicitado por la Abogacía del Estado en el expediente que se sigue por las peticiones de indulto tramitadas a favor de los condenados por sedición y malversación de caudales públicos.
Hasta el momento se han presentado solicitud de indulto para el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; Jordi Cuixart (Omnium Cultural) y Jordi Sànchez (ANC), y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.
La Sala II del Supremo presidida por Manuel Marchena pide informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones previas u otros procedimientos para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros.
Volviendo a los indultos y según informan las Agencias, la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria ha presentado un recurso de apelación en el Supremo contra el auto judicial que acordó mantener de momento el régimen de semilibertad que la Generalitat de Cataluña concedió antes de las elecciones autonómicas del 14 de febrero a la ex consellera Dolors Bassa y a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.
El Juzgado de Vigilancia número 1, del que depende el control de las cárceles Puig de les Basses y Wad Ras, donde cumplen condena Bassa y Forcadell, rechazó el pasado 23 de febrero la petición de la Fiscalía para que se les suspenda el tercer grado, mientras decide sobre el fondo del recurso que el Ministerio Público presentó contra su clasificación penitenciaria.
