Patronal y Sindicatos acuerdan prorrogar los ERTE hasta junio

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

Lo que no impedirá que España ‘llegue al 20% de paro’

Con el acuerdo entre empresarios y sindicatos el futuro de los ERTEs se desvincula del final del estado de alarma al que estaban vinculados

La Patronal ha aceptado prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) hasta final de junio.

En el marco del diálogo social -CEOE, CEPYME, UGT y CCOO- y teniendo en cuenta el efecto de vasos comunicantes entre la ‘desescalada’ y los ERTEs, los empresarios consideran que es el mejor mecanismo ‘para incorporar a la gente a la actividad al mismo tiempo que se protege a las empresas’.

Los empresarios hubieran preferido que los ERTE por fuerza mayor se hubiesen prorrogado hasta final de septiembre pero como el objetivo final es incorporar ‘equilibradamente’ al trabajo a todos los empleados incluidos en los expedientes han preferido aceptar las condiciones pactadas con los sindicatos y auspiciadas por el Gobierno.

En estos ERTEs la financiación será diferente y los de fuerza mayor podrán pasar a ser por fuerzas objetivas. ‘Para nosotros era importante el trasvase de unos a otros’ ha dicho el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha añadido que es de especial importancia en el mes y medio que queda hasta final de junio ‘detectar los sectores más afectados y se haga un plan real con respecto a los sectores (como el turismo, líneas aéreas, hoteles, bares restaurantes, agencias de viajes, automóvil) que lo necesitan especialmente’.

Uno de los puntos conflictivos del acuerdo es el que permite a las empresas que estén en riesgo de concurso realizar despidos para aliviar su crítica situación.

Aunque el objetivo es no dejar a nadie atrás -se calcula que hay cuatro millones de personas en ‘hibernación’- el presidente de la CEOE ha advertido que ‘es posible que lleguemos al 20% de paro’. En este sentido, Garamendi ha insistido en que hubiera sido mejor para la recuperación total de la actividad que los ERTE se hubiesen ampliado hasta septiembre.

En esta línea, Lorenzo Amor, el presidente de ATA, una de la asociaciones más importante de autónomos en España, presagia que muchos autónomos, ‘desgraciadamente, tendrán que despedir a sus trabajadores porque sus ventas no van a ser las que necesitan para mantener a toda la plantilla’.

Por ello los empresarios españoles instan al Gobierno a que se reúna mañana mismo con los sectores más afectados para negociar las medidas necesarias y específicas para cada uno de ellos.

Por el momento, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado el esfuerzo de los agentes sociales para cerrar un acuerdo que hará que, más allá del estado de alarma, los ERTE se irán adaptando a la vuelta a la actividad con distintas exoneraciones en las cotizaciones en función del tamaño de la empresa.

‘Los trabajadores podrán ir saliendo del ERTE (…) se da mucha flexibilidad y se incentivarán con exoneraciones a los que vayan incorporando trabajadores con una simple comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal’, ha puntualizado. Trabajo articulará un mecanismo para adecuar ERTE por fuerza mayor a otros por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) con carácter retroactivo para no desproteger ni a empresas ni a trabajadores.

El texto contempla que las prestaciones por desempleo asociadas a los ERTEs (que se conceden sin necesidad de cumplir el período de carencia) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre. No obstante, el Gobierno también se reserva la posibilidad de prorrogar estas prestaciones si lo ve necesario.

EFE informa de que la norma en la que quedará plasmado este acuerdo se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo martes y diferenciará entre el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor total y parcial.

La fuerza mayor total, para las empresas que todavía no puedan reiniciar la actividad, implicará mantener la exoneración del 100% de las cotizaciones para las que tengan menos de 50 trabajadores y el 75% para las de más.

La fuerza mayor parcial supondrá exenciones desde el 30 al 85% dependiendo de las circunstancias, primando la reducción de jornada sobre el mantenimiento de la suspensión.

Las empresas que reinicien la actividad con reducciones de jornada podrá descontarse el 85% de las cuotas de mayo y el 70% de las de junio si tienen menos de 50 trabajadores, y el 60% de las de mayo y el 45% de las de junio si tienen más empleados.

Las empresas que reanuden la actividad, pero mantengan a trabajadores en suspenso, podrán descontarse el 60% de las cuotas de mayo y el 45% de las de junio si tienen menos de 50 trabajadores y el 45% de las cuotas de mayo y el 30% de las de junio si tienen más empleados.

Las ayudas quedan sujetas al compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, aún cuando sea de forma parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

Para UGT resulta imprescindible continuar aplicando medidas económicas y laborales que protejan a las personas que han perdido el empleo, que no pueden acceder a uno, o que se han visto afectados por una reducción de ingresos o la imposibilidad de tenerlos.

Los sindicatos consideran imprescindible garantizar las rentas a los hogares facilitando, vía prestaciones, que no se produzca un aumento de la pobreza ni de la desigualdad durante esta etapa convulsa y que, una vez finalice el confinamiento, puedan tener la posibilidad de mantener el empleo y un nivel de vida adecuado.

Para ello, la Unión General de Trabajadores considera necesario garantizar, de manera inmediata, una renta mínima vital, con el objetivo de preservar unos ingresos mínimos para aquellas personas que lo han perdido todo con esta crisis y salir de esta pandemia sin dejar a nadie atrás.

El sindicato reitera que es necesario, en primer lugar, seguir las instrucciones de los científicos y, en segundo lugar, continuar trabajando dentro del diálogo social para que, una vez la pandemia entre en fase de control -la fase 3- ir a un acuerdo por el empleo centrado fundamentalmente en estimular la economía y el consumo interno.