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Obligan a RTVE a publicar los contratos con las productoras

RTVE

RTVE se financia con fondos públicos

La Justicia resuelve un recurso presentado por un ciudadano ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El ente público se niega a publicar los detalles del contrato celebrado con una productora de televisión para la compra de películas

También se negó a facilitar los gastos del Festival de Eurovisión

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ha dictado una sentencia en la que obliga a la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE) a publicar los detalles del contrato celebrado con una productora de televisión para la compraventa de películas así como los criterios previos que avalaron la compra y su rentabilidad.

La sentencia considera que «el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía».

El fallo añade que «el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia».

En relación a la información sobre los contratos de RTVE con productoras, la sentencia indica que «el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, así como el derecho a la intimidad de los intervinientes en el contrato no puede prevalecer sobre el interés público, puesto que el uso de fondos públicos se encuentra, precisamente, en el eje de las obligaciones de transparencia previstas en la norma y constituye uno de los elementos fundamentales para la rendición de cuentas que forma parte de los objetivos para los que la norma fue aprobada».

El juez concluye diciendo «que la solicitud de información a la CRTVE (que dicha corporación niega en esencia con el argumento de la concurrencia de intereses económicos y comerciales), ha de considerarse como una información de carácter público».

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