Montoro promete incentivos fiscales a los pensionistas
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro (Foto: Moncloa/J.M.Cuadrado)
Según Gestha, más de seis millones de pensionistas (63%) cobran menos de 12.000 euros al año y están exentos de pagar el IRPF
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha comprometido a incluir en los Presupuestos Generales del Estado 2018 una deducción en el IRPF para las personas de edad avanzada.
El Gobierno intenta así contener las protestas de los pensionistas que desde la semana pasada se están manifestando por toda España pidiendo una revalorización «digna» de sus pensiones. Montoro ha dicho esta mañana que estudia una deducción en el IRPF para las personas de «cierta edad» en forma de prima fiscal o de deducción «porque tienen unos costes de dependencia mayores».
El ministro ha señalado que esta deducción se sumaría a las que ya contempla el IRPF destinadas a personas con discapacidad o a aquellas que tienen personas con discapacidad a cargo.
La medida está lejos de la revalorización conforme al IPC que piden los partidos de la oposición (PSOE y Podemos sobre todo). Además, según los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) más del 63% de los jubilados españoles están exentos del pago de IRPF, al cobrar pensiones inferiores a los 12.000 euros anuales.
Este colectivo señala que lo anunciado por Montoro sólo beneficiaría a un tercio de los pensionistas con mayores ingresos. Los pensionistas de Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias serían los menos beneficiados por esta medida, frente a los de las provincias de Madrid, Barcelona, Zaragoza, que serían a quienes más beneficiaría.
En cualquier caso, Gestha matiza que su estimación debe calificarse como prudente, ya que muchas personas con pensiones superiores a los 12.000 euros, umbral a partir del que se empezaría a tributar, tampoco pagarían IRPF en caso de sufrir algún tipo de discapacidad o cuando superan los 65 ó 75 años. No obstante, los técnicos recuerdan que si alguno de estos pensionistas obtuviera rentas distintas de la pensión, como son las del capital, las derivadas de arrendamientos o de cualquier otra naturaleza, estaría obligado a presentar la correspondiente declaración del IRPF.
Asimismo, los técnicos aseguran que el ahorro que supondría la aplicación de deducciones en este impuesto para las personas de edad más avanzada beneficiaría a los jubilados que reciben las mayores pensiones o a los que tienen otro tipo de ingresos por arrendamientos, por ejemplo. Así, la rebaja fiscal afectaría a esa otra fuente de rentas, no a la pensión en sí. En este sentido, dado que la pensión media en 2016 no llegó a los 8.500 euros anuales incluyendo todas las modalidades, el problema de los pensionistas, según Gestha, es fruto de la cuantía de las prestaciones, no de su tratamiento fiscal.
Según el secretario general de Gestha, Jose María Mollinedo, «los jubilados han salido a la calle para protestar y reclamar una subida digna de las prestaciones, mayor que la del 0,25% que establece la ley mientras la Seguridad Social continúe en déficit. Y es que esa irrisoria revalorización, frente a las cinco décimas que escaló el Índice de precios de consumo (IPC) en febrero -hasta el 1,1%-, no deja de restar poder adquisitivo a los pensionistas».
Gestha cree que el Gobierno quiere impulsar esta medida para sumar apoyos y aprobar las cuentas públicas en junio, como avanzó Mariano Rajoy desde Bruselas el pasado viernes, y calmar los ánimos tras las masivas protestas que están teniendo lugar en toda España para defender la suficiencia del sistema público de pensiones.
Pero este asunto está siendo aprovechado por la Oposición para desgastar al Gobierno. Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, han apoyado este martes la solicitud de Unidos Podemos y Compromís de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el Congreso para explicar sus planes para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Paralelamente, PSOE y PDeCAT han presentado sendas iniciativas para subir las pensiones un 1,6% este año.
Y el sindicato UGT ha anunciado un recurso ante la Audiencia Nacional el decreto por el que el Gobierno fijó en 0,25% la subida de las pensiones.
Según un estudio jurídico realizado por el sindicato, el decreto de subida de las pensiones para 2018 sería nulo, pues el Gobierno vulnera la ley que dice expresamente que, bien a través de la ley de PGE o a través de RD Legislativo, han de actualizarse las pensiones. Todo ello para que el control parlamentario se exprese, o bien en la ley que desarrolla el PGE o bien en la convalidación de un RDL en el Parlamento que el Gobierno no ha llevado a cabo.
Argumentan los juristas de UGT que el RD de revalorización de las pensiones para 2018 se ha extralimitado claramente, por lo que solicitan su nulidad jurídica ante los tribunales.
UGT espera lograr esta nulidad porque eso obligará al Gobierno a elaborar un decreto ley que deberá convalidar en el Parlamento, donde el Ejecutivo no tiene la mayoría. Esta será la ocasión «de que se corrija la tremenda discriminación que supone que las pensiones suban al 0,25% cuando el Gobierno presume del crecimiento del PIB al 3% por cuarto año consecutivo», auguran.
Y mientras no llega ese momento, prometen y animan a que los afectados continúen movilizándose en defensa de las pensiones públicas, pues «de no recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, el Gobierno va a empobrecer a la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país», rematan.
Las pensiones son un problema de futuro porque cada vez cuestan más por lo que no valen los parches. Esto es, precisamente, sobre lo que ayer advirtió a ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien pidió «responsabilidad» a los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo que permita que cada día haya «más y mejores pensiones».
Báñez es de la opinión que sólo habrá mejores pensiones si se siguen creando más y mejores empleos, que es la mejor forma de resolver la situación de «déficit» temporal que afronta el sistema de Seguridad Social como consecuencia de la «masiva destrucción de empleo» durante los años de la crisis.
En una intervención ante los empresarios de Lucena (Córdoba), Báñez defendió la «salida social de la crisis» elegida por el Gobierno de España a diferencia de lo que se hizo en otros países como Portugal, Irlanda o Grecia, que pidieron el rescate europeo y recortaron las pensiones entre un 15% y un 40%.
Por el contrario, añadió Báñez, España ha iniciado la recuperación «pagando más pensiones, más altas y a más pensionistas que nunca», por lo que insistió en pedir a los grupos parlamentarios que recuperen el espíritu del Pacto de Toledo y eviten un «debate desleal» sobre las pensiones para alcanzar cuanto antes unas recomendaciones para fortalecer al sistema público de pensiones, recomendaciones que darán pie a medidas pactadas también en el diálogo social con empresarios y sindicatos.
