Los jueces se niegan a aplicar las «leyes de ruptura»
Los jueces deben hacer cumplir la Ley
Tres asociaciones de jueces se niegan a aplicar las «leyes de ruptura» después de que este miércoles algunos miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña hayan admitido a trámite la «ley de referéndum»
Este jueves se han sumado la Asociación de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales
Tres asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente-, advierten este miércoles a los grupos parlamentarios que apoyan al Govern de la Generalitat de Cataluña (PDeCAT, ERC y la CUP) que no aplicarán las leyes de ruptura: la «Proposició de llei del referèndum d’ autodeterminació» y la «Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república«.
En un comunicado conjunto, los representantes de estas asociaciones en Cataluña muestran su preocupación por la «deriva del bloque independentista» que intenta «subvertir el orden constitucional arguyendo una falsa legitimación democrática».
Al respecto, estos jueces recuerdan que el Tribunal Constitucional ha declarado en la sentencia número 259, dictada el 2 de diciembre de 2015, que «en el Estado social y democrático de Derecho configurado por la Constitución de 1978 no cabe contraponer legitimidad democrática de un cuerpo legislativo (el Parlament de Cataluña) y legalidad constitucional, en detrimento de la segunda: la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico».
Los magistrados entienden que «estamos ante un grave conflicto político cuya solución no corresponde a los tribunales de justicia» pero admiten que las dos propuestas de Ley con las que los soberanistas intentan romper la unidad de España «se sitúan fuera del marco constitucional».
«La Cámara autonómica no puede erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad», afirman.
Los firmantes aseguran que, en caso de aprobarse las leyes de «desconexión», serán impugnadas de forma inmediata por el Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional. Algo que ya ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Desde el Palacio de La Moncloa, Sáenz de Santamaría ha confirmado que el presidente Mariano Rajoy ha firmado un escrito en el que ordena a la Abogacía del Estado que interponga un incidente de ejecución de sentencia contra la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de admitir a trámite la ley del Referéndum.
La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales ha detallado que Rajoy pide al Tribunal Constitucional que declare nulos los acuerdos alcanzados este miércoles en la Cámara regional y busque responsables penales. En este sentido apunta directamente a la presidenta de la Mesa, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa del Parlament que han firmado la tramitación de la ley del referéndum.
Los jueces avisan de que con este movimiento del Gobierno las leyes de desconexión «quedan automáticamente suspendidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Constitución Española».
Por tanto, continúa el comunicado, «nuestra obligación como jueces y magistrados será no aplicar ninguna de esas normas, así como ninguna disposición o resolución administrativa que derive de ellas».
Los representantes de estas asociaciones de jueces finalizan recordando que están sometidos al imperio de la Ley y que se han comprometido solemnemente «no solo a cumplir sino a hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico».
Por eso y ante la gravedad de la situación piden que «nadie dude de nuestra inquebrantable fidelidad a la Constitución».
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