Los jueces se defienden de los ataques del Gobierno otra vez
Los miembros del CGPJ culpan al Gobierno, que es quien propone las leyes, de rebajar las condenas de los violadores
El Ejecutivo culpa a los magistrados de rebajar las condenas a los violadores y agresores sexuales al aplicar la nueva ley del ‘sólo sí es sí’, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, se pone del lado de los jueces
Ante las críticas recibidas desde el Gobierno por aplicar fielmente la Ley del ‘sólo sí es sí’, que conlleva la rebaja de las condenas de los violadores, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se defiende asegurando que ‘la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal, que establece que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena’.
En este sentido, los jueces alegan que las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días y dictadas como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual son el resultado de aplicar estrictamente estos preceptos, estando los jueces sometidos únicamente al imperio de la ley tal y como dispone el artículo 117.1 de la Constitución Española.
Recuerda el CGPJ que el 25 de febrero de 2021 emitió un informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Dicho informe, de 155 páginas y que puede leer aquí íntegramente, fue recibido por el Gobierno de Pedro Sánchez, quien pudo comprobar que ‘el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’.
Para terminar califican de ‘intolerables’ los ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos ministros, como la de Igualdad, Irene Montero, impulsora de la reforma, que ha tildado de ‘machistas’ a los jueces que están aplicando la ley aprobada por el Consejo de Ministros del que ella misma forma parte. No es la primera vez que los magistrados tienen que defenderse de los ataques del Gobierno, que lleva años culpando al Poder Judicial de hacer política.
Al comunicado del órgano de gobierno de los jueces se ha sumado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, que ha señalado que los jueces tienen una sólida formación en materia de violencia de género y de perspectiva de género, áreas sobre las que reciben una formación específica.
Carmona añade que desde 2019, año en el que se estableció por ley la obligación de realizar el curso sobre perspectiva de género para acceder a la especialidad, han recibido esta formación un total de 1.467 jueces y juezas. En cuanto a los cursos de violencia de género, lo han realizado un total de 307 jueces y juezas.
Este asunto traerá cola a medida que aumente el número de sentencias sobre esta materia que serán revisadas. Hoy mismo en Castilla y León se han dictado tres resoluciones (una en Segovia y dos en León) que aplican la norma más favorable al reo tras la reforma del Código Penal contenida en la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual.
También la Audiencia Provincial de Orense, en el marco de la ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), ha decidido, de acuerdo con la Fiscalía, revisar la condena de tres años y medio de cárcel impuesta al autor de un delito intentado de agresión sexual con acceso carnal. Tras la revisión, el tribunal le ha impuesto dos años y medio de prisión y ha acordado su puesta en libertad…
