Los «irregulares» volverán a ser atendidos en los centros de atención primaria
Alonso envía a los «ilegales» a los centros de salud
Pero seguirán sin tarjeta sanitaria
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, anunció ayer que los inmigrantes que estén en situación irregular volverán a tener derecho a ser atendidos por los médicos de familia en los centros del sistema público de salud.
El Gobierno rectifica así la exclusión sanitaria de los «sin papeles» aprobada por la anterior ministra, Ana Mato. Alonso explicó a EFE que los inmigrantes irregulares seguirán sin tener tarjeta sanitaria hasta que no legalicen su situación porque, según Alonso, «les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país».
La decisión ha sido muy criticada por los Partidos en la posición que acusan al Gobierno de «especular» con la sanidad universal «por motivos electoralistas».
El PSOE, por boca de su secretaria federal de Sanidad, María José Sánchez Rubio, ha dicho que el anuncio supone “un brindis al sol”’ porque no recupera el derecho a la universalidad de la Sanidad Pública que eliminó el Gobierno mediante el Real Derecho Ley 16/2012.
A juicio de Sánchez Rubio, “la Sanidad Pública debe volver a ser un derecho universal, y el Gobierno debe derogar el Real Decreto Ley 16/2012 que condicionó el derecho a la salud al aseguramiento y excluyó de la asistencia sanitaria a 900.000 personas”.
También la secretaria de Inmigración socialista, Eva Matarín, ha señalado que con esta rectificación «el Gobierno reconoce que se ha puesto en riesgo la salud pública, dejando fuera de la atención sanitaria y obligando a las personas sin documentación a utilizar los servicios de urgencias».
Para Matarín, queda demostrado que «los argumentos de ahorro y prevención del fraude que esgrimió el PP para recortar el derecho a la sanidad de estas personas no se sostenían. Fue una decisión ideológica y una cortina de humo para desviar la atención de los recortes sanitarios y el establecimiento de nuevos copagos».
Por su parte, Unión Progreso y Democracia (UPyD), ha reclamado la comparecencia del ministro del ramo en el Congreso para explicar el cambio y «dar cuenta del impacto de la exclusión» de los inmigrantes del sistema.
El partido magenta incorpora a la solicitud varias preguntas para que el Ejecutivo las conteste por escrito. En concreto, pregunta al Gobierno si piensa derogar algún otro elemento del RD 16/2012 y qué nuevas potestades y capacidades piensa otorgar al Consejo Interterritorial de Salud, cómo y en qué plazos piensa hacerlo.
Y desde Izquierda Unida (IU) han exigido al Gobierno que derogue «por completo» el «decretazo sanitario» de 2012. El diputado y portavoz parlamentario de Sanidad de IU, ICV-EUiA, CHA, Gaspar Llamazares, exige al ministro Alfonso Alonso que «lleve a cabo de forma urgente una evaluación a conciencia de las consecuencias sanitarias y económicas que ha acarreado la aplicación del decreto durante todo este tiempo y la haga pública, además de explicar por qué estos inmigrantes van a seguir careciendo de tarjeta sanitaria».
Llamazares considera que el Gobierno del PP da «marcha atrás» en su error porque «se ha sentido acorralado» tanto por las fuerzas políticas como IU como por «las numerosas asociaciones y grupos» que han protestado contra la medida. En este sentido, ha recordado el compromiso expresado por la práctica totalidad de grupos parlamentarios de cara a derogar por completo la ley «cuando cambie la correlación de fuerzas» en el Parlamento.
La medida adoptada por Sanidad fue defendida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien dijo ayer en La Moncloa que «parece más sensato y más razonable que la atención primaria se haga en los ambulatorios para que, entre otras cosas no se colapsen las urgencias». Además apuntó que se trata de «una regulación útil que sirve a todos los territorios de España», ya que algunas comunidades atendían a los inmigrantes aunque no tuvieran papeles.
Para terminar, el presidente explicó que la asistencia sanitaria a estas personas es «sin duda alguna, una de las más completas de Europa, ya que se atienden las urgencias, los embarazos, los partos y a los menores, en igualdad de condiciones que a los españoles».
