Los empresarios rechazan subir el salario mínimo a 1.000 euros
Al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, las constantes subidas del SMI le han dejado la mirada perdida (Foto: Jesús Umbría(CEOE)
Como propone el Gobierno y apoyan los sindicatos de clase CCOO y UGT
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME) rechazan la propuesta del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2022.
El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez propone a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz subir de nuevo el SMI este año hasta los 1.000 euros.
Los empresarios que rubricaron la reforma laboral aprobada en el Congreso la semana pasada , advierten que la incertidumbre económica actual impedirá recuperar los niveles de negocio precrisis hasta 2023. En España, donde hasta comer se está poniendo muy difícil, las presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad auguran un futuro muy complicado.
En este contexto, las organizaciones empresariales recuerdan que mientras la remuneración de los trabajadores prácticamente ha recuperado los niveles de 2019 (previos a la crisis), el excedente bruto de explotación todavía está muy lejos de normalizar su situación y continúa siendo un 6,6% inferior al de 2019. Esto implica que las empresas van retrasadas en la recuperación de la normalidad y refleja la difícil situación que aún viven los empleadores.
Así, una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido al más que posible nuevo encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas de suministro, pueden llevar a una ralentización aún mayor de la economía y a un frenazo en la creación de empleo.
Todo esto sucederá después de que las empresas hayan asumido una subida del 30% en el SMI desde 2019, con una reciente subida en septiembre del pasado año -que alcanzaría el 5,2% sumada a la que se plantea para 2022-; y de que se haya aplicado una subida de cotizaciones sociales aparejadas a los salarios, conformando un coste total por empleado para las empresas muy superior a esos 1.167 euros mensuales que se proponen y que sobrepasaría los 1.500 euros en términos generales.
Además, el Gobierno Sánchez sigue sin indexar los contratos públicos a esta evolución, un compromiso adquirido en 2019 y que los empresarios no comprenden como todavía no ha sido atendido. Por otro lado, conviene recordar que en 8 comunidades autónomas el SMI ya está por encima del 60% del salario medio de la región.
En definitiva, la propuesta del Gobierno es inasumible para sectores especialmente vulnerables como el agrícola y aquellos intensivos en mano de obra (limpieza, hostelería, etc.), que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo.
Por todo ello las organizaciones empresariales advierten de que no es el momento de aplicar una nueva subida ‘política’ del SMI en 2022.
