Los concursos de acreedores alcanzaron la cifra récord de 10.949 en 2013

Pincha sobre la imagen para ver bien los datos de los concursos por TSJ

A pesar de que el último trimestre del año pasado registró el primer descenso en el número de concursos en tres años

Cataluña es la región donde se presentaron más concursos, donde se produjeron más ejecuciones hipotecarias y donde se practicaron más lanzamientos

Las empresas presentaron el año pasado en España 10.949 concursos de acreedores, cifra que supone un incremento del 6,4% respecto a 2012 y un nuevo máximo histórico, según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este incremento se produjo a pesar de que en el último trimestre del ejercicio, los concursos (antigua suspensión de pagos) cayeron el 12,9%, hasta los 2.419, lo que supone el primer descenso interanual trimestral desde finales de 2010.

Por Comunidades Autónomas, Cataluña es donde se ha presentado el número más elevado de concursos, tanto en el conjunto del año (2.114, el 19,3 del total) como en el cuarto trimestre (516, el 21,3%). Le siguen Madrid (el 15,9% de los registrados en 2013), la Comunidad Valenciana (el 12,8%) y Andalucía (el 11,6%).

Los datos de 2013 indican que el número de concursos declarados fue de 8.199 y el de declarados concluidos 895. Alcanzaron la fase de convenio 1.613 y la de liquidación 6.112 y se presentaron 1.782 expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.

En cuanto al cuarto trimestre del año pasado, se declararon 1.894 concursos. Asimismo, de los concursos en trámite se declararon 258. Llegaron a la fase de convenio 445 y a la de liquidación 1.522. Además, se presentaron 420 expedientes del citado artículo 64.

Según los datos del CGPJ, el número de demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en 2013 fue de 146.796, lo que supone un 0,4% menos que en el año anterior. El descenso fue más acusado en el último trimestre, ya que las 31.506 demandas registradas significaron un 17,4% menos que en el mismo periodo de 2012.

Por Comunidades Autónomas, fue Madrid donde más demandas se presentaron en el conjunto del año (27.016, el 18,4% del total), seguida por Cataluña (16,9%), Andalucía (15,4%) y la Comunidad Valenciana (11,5%). Mientras tanto, en el cuarto trimestre de 2013 el territorio con más demandas registradas fue Cataluña, con 5.714, el 18,1% de las presentadas en todo el país.

Los datos del informe reflejan un fuerte incremento anual de las demandas por despido en Cantabria (del 36,4%) y en el País Vasco (del 25,1%), que obedecen a los casos de Sniace y Mondragón, respectivamente.

Por otra parte, los Juzgados de los Social registraron el año pasado 141.253 demandas por reclamación de cantidad, un 3,7% menos que en 2012. Por territorios, en Andalucía se presentaron el 16,5% del total, en Madrid el 15,8% y en Cataluña el 12,8%. El último trimestre del año pasado las reclamaciones de cantidad presentadas fueron 34.154, un 6,4% menos que en el mismo periodo de 2012.

Menos procedimientos monitorios. Los 563.176 procedimientos monitorios presentados en 2013 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción suponen una disminución del 19,5% respecto al año anterior. Andalucía, con el 19% del total, es el territorio con un número más elevado de monitorios ingresados el año pasado, seguido por las Comunidades Autónomas de Cataluña (15,5%) y Madrid (13,7%).

El descenso en el número de monitorios es aún más acusado si se comparan los datos del último trimestre de 2013 con los del mismo periodo del año anterior: los 151.448 procedimientos ingresados en los tres últimos meses del ejercicio pasado son un 30,2% menos que los del cuarto trimestre de 2012.

Una posible explicación de esa diferencia está en el importante incremento de procedimientos monitorios observado en el último trimestre de 2012 como consecuencia del proceso de implantación de las tasas judiciales.

Caen las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos. El número total de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 fue de 82.860, un 9,8% menos que el año anterior, descenso que puede tener como una de sus causas la publicación de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Todos los trimestres del año pasado presentaron descensos interanuales, que en el caso del último –cuando se iniciaron 24.076 ejecuciones hipotecarias- fue del 1,1%.

La cifra más elevada de ejecuciones hipotecarias iniciadas se dio en Cataluña, tanto en todo 2013, donde representaron el 22,2% del total, como en el cuarto trimestre del año, cuando supusieron el 23,5%. Tomando los datos anuales, siguen a esta Comunidad las de Andalucía (también el 22,2%), la Comunidad Valenciana (14%) y Madrid (10,3%).

Además, todas las Comunidades Autónomas registraron disminuciones interanuales en el número de ejecuciones hipotecarias, con la excepción de Asturias, que presentó un incremento del 11%, Castilla y León (5%), Andalucía (2,3%) y Galicia (1,9%).

El informe elaborado por la Sección de Estadística del CGPJ recoge también la cifra de lanzamientos practicados por los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos, que se empezó a recoger en 2013, por lo que no se puede comparar con la del años anteriores. Los datos indican que en 2013 se practicaron 67.189 lanzamientos, de los que el 38,4% derivaba de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el 4,8% de otras causas.

Cataluña fue el territorio con más lanzamientos practicados, el 23,8% del total, seguido por la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).

En el cuarto trimestre de 2013, los lanzamientos solicitados a los servicios comunes fueron 17.842 -un 13,9% menos que en el mismo periodo de 2012-, de los que terminaron con cumplimiento positivo 11.085, un 10,8% menos que en el ejercicio anterior.

Las causas de esta disminución son diversas, pero entre ellas puede citarse de nuevo la Ley 1/2013, así como la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que suprime la diligencia de lanzamiento cuando el demandado atiende el requerimiento en cuanto al desalojo sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclama.