Llarena impide a Junqueras asistir al Parlament mientras esté en prisión
Junqueras seguirá en prisión (google)
El ex vicepresidente de la Generalitat había pedido al magistrado del Tribunal Supremo el traslado a una prisión catalana
Pero el juez responde que corresponde a la Mesa del Parlament arbitrar el procedimiento de delegación de voto
El juez Pablo Llarena ha rechazado trasladar de cárcel a Oriol Junqueras, en prisión desde principios de noviembre.
El ex vicepresidente de la Generalitat, que podrá «elevar» la reclamación a la autoridad penitenciaria competente, solicitó al magistrado del Tribunal Supremo el traslado a una prisión catalana y que le permitiese salir de prisión para asistir al pleno de constitución del Parlament y al de investidura. Junqueras argumentaba que de no hacerlo se «alterarían las mayorías de la Cámara».
Concretamente, Junqueras solicitó ser excarcelado para los plenos de constitución del Parlament, previsto para el próximo 17 de enero, y de investidura, que se calcula tendrá lugar el 29 del mismo mes, ya que su voto es «indelegable» y su función en el plenario «no puede ser sustituida».
Pero el magistrado ha denegado el «permiso» al ex vicepresidente de la Generalitat y pide al Parlamento de Cataluña que habilite los instrumentos precisos para que Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Joaquín Forn puedan ejercer su condición de parlamentarios pese a la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza en la que actualmente se encuentran.
En su auto, que puede leer aquí, el juez declara la incapacidad legal prolongada de estos investigados para cumplir el deber de asistir a los debates y las votaciones del Pleno del Parlament, por lo que si los investigados lo solicitaran corresponde a la Mesa del Parlamento arbitrar -en la forma que entienda procedente y si no hay razón administrativa que se oponga a ello-, el procedimiento para que deleguen sus votos en otro diputado, mientras subsista su situación de prisión provisional.
El magistrado considera que si bien el derecho a la participación política es intrínseco a su condición de diputados, está sujeto a limitaciones que derivan de otros derechos. En este caso, una excarcelación puntual sería contraria a la razón que motivó su ingreso en prisión incondicional: el riesgo de reiteración delictiva. Además, el instructor entiende que los traslados de la cárcel al Parlament implican un riesgo de que se produzcan altercados.
El auto llega después de que el ex conseller de Interior Joaquim Forn y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez (también el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart) se desmarcaran ante el Supremo de la vía unilateral y asumieran que las vías constitucionales son las únicas válidas para defender la independencia.
Joaquim Forn asegura en un escrito al Tribunal Supremo en el que pide su libertad provisional que nunca puso a los Mossos «al servicio del proyecto independentista del Govern». Forn remarca que su «voluntad firme» es llevar a cabo su actividad política en pos «de un Estado propio para Cataluña con sujeción al marco y cauces normativos que la Constitución de 1978 y el Estatut de 2006 contemplan».
Además, Forn niega que los Mossos fueran pasivos el 20 de septiembre y el 1 de octubre y se desvincula de los operativos policiales de esas dos jornadas, que se llevaron a cabo siguiendo criterios «estrictamente policiales».
Por su parte, Jordi Sànchez pide al Supremo que lo deje en libertad dado que «la situación se está normalizando» en Cataluña tras unas elecciones celebradas «en plena paz social».
En sus declaraciones, Forn y Sánchez adelantaron a Llarena que renunciarán a los escaños obtenidos el 21-D si su partido vuelve a recurrir a las vías unilaterales.
