Límite de 48 horas para intervenir las cuentas de la Generalitat
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiere todo bien controlado (Foto: Moncloa/J.M.Cuadrado)
El Gobierno establece un nuevo mecanismo de control de pagos para garantizar los servicios públicos en Cataluña
El Consejo de Ministros ha dado este viernes a la Generalitat de Cataluña un plazo de 48 horas para presentar las cuentas públicas de la Autonomía.
En caso contrario, el Ejecutivo «intervendrá» las cuentas autonómicas.
La decisión del Gobierno central responde a la negativa por parte del Gobierno catalán de facilitar al Ejecutivo los datos sobre la fiscalización de los gastos de la Generalitat.
Una decisión, por cierto, que este mismo viernes ha avalado el Tribunal Supremo y que el Ejecutivo va a trasladar a la Fiscalía General del Estado para que investigue por si conlleva la comisión de algún delito.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno no puede consentir que con el dinero de todos los catalanes se financie ninguna actividad ilegales referencia al referéndum del 1-O.
Además, ha continuado, la actitud de la Generalitat pone en riesgo la prestación de servicios públicos, las transferencias a las familias y los pagos a la dependencia. Se trata de evitar que se incumplan los objetivos de estabilidad. Por eso, «ante la situación de manifiesta ilegalidad en que está incurriendo la Generalitat de Cataluña», el Estado pagará directamente los servicios públicos en Cataluña.
Y lo hará «mientras dure la situación de excepcionalidad» en la que está inmerso el Govern de Carles Puigdemont, que » se niega a cumplir la ley».
El titular de Hacienda y Función Pública ha destacado que la finalidad del mecanismo es «garantizar los servicios públicos fundamentales de los catalanes y que la posición en que están incurriendo los dirigentes políticos en Cataluña no perjudique a nadie en Cataluña ni en el conjunto de España».
Gracias a este control de pagos, ha precisado, «ningún euro irá a financiar ninguna actividad ilegal» y se podrán cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria. A juicio del ministro, «lo que está en juego» es el interés general, así como la defensa de la ley.
Así pues, en primer lugar, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE) ha acordado requerir al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, para que, en el plazo de 48 horas desde la publicación de la decisión en el Boletín Oficial del Estado, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre el Presupuesto de la Generalitat que afecte a todos los créditos no vinculados con servicios públicos fundamentales (nóminas, sanidad, educación y servicios sociales). Si no lo hace, será el propio ministro de Hacienda quien se encargue de esa tarea.
En segundo lugar, Cataluña deberá comunicar al Estado todos los créditos pendientes para el pago de los servicios públicos fundamentales. La información, según ha detallado Montoro, irá firmada por la Intervención de la Generalitat, junto con un certificado de que no se va a financiar ninguna actividad relacionada con el «proceso refrendario» o que no esté amparada por la ley.
Una vez recibida esa información, el Estado abonará directamente las facturas de los proveedores y las nóminas de los empleados públicos. Se trata, ha señalado el ministro, de una «extensión de algo que ya tenemos experimentado, probado y contrastado, que es el Fondo de Liquidez Autonómico».
El Ejecutivo, ha subrayado Montoro, trabajará para que «realmente» la Generalitat no pueda librar «ningún tipo de pago que no esté suficientemente acreditado».
Otra de las medidas acordadas es que todas las operaciones de endeudamiento, incluidas las que sean a corto plazo, tendrán que ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Por último, las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la comunidad autónoma o de entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe).
El Estado no enviará nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes.
El Gobierno enviará el acuerdo adoptado a las Entidades de Crédito para que no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat esté acompañado de un certificado de la Intervención General. Si detectan cualquier irregularidad deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal.
Todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.
Cristóbal Montoro ha remarcado que este sistema de control de pagos «no afecta al ejercicio de las competencias», ya que seguirá siendo la Generalitat la que determine cuánto dinero destina a sanidad, educación, protección ciudadana, etcétera. «Por tanto, no estamos sustituyendo competencias y sí estamos garantizando que ningún pago de esa administración va a actividades ilegales o que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria», ha expresado.
El ministro ha añadido que «no es admisible» que las autoridades catalanas, y en concreto la Vicepresidencia Económica de la Generalitat, dirigida por Oriol Junqueras, digan que están comprometidas con esos objetivos «pero a su aire». «No es legítimo y, además, no es fiable», ha manifestado.
