Las Víctimas de ETA solicitan la ilegalización de Bildu y de Amaiur

La presidenta de la AVT

Tras la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de no conceder la formación de grupo político a Amaiur, la Asociación de Víctimas del Terrorismo asegura que “el siguiente paso debería ser la ilegalización de las estructuras políticas de ETA”.

Desde la Asociación Víctimas del Terrorismo, se alegran de la decisión de la Mesa del Congreso y del Partido Popular de no permitir que los testaferros de ETA tengan grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados.

Según AVT, “este es el único camino para la derrota real y definitiva de ETA, que implica tanto su derrota operativa como su derrota política. De lo contrario, aunque ETA haya dejado, por ahora, de matar, se habría legitimado el proyecto político por el que llevan asesinando décadas”.

Las Víctimas piden al nuevo Gobierno que ponga a funcionar la maquinaria para recabar pruebas para ilegalizar Amaiur. La obtención de grupo propio por parte de Amaiur no era un fin en si mismo, sino un medio para defender los intereses de los terroristas en el Congreso de los Diputados. Lo que de verdad es relevante es sacar a los amigos de los terroristas del Congreso.

Según la AVT, la derrota de ETA y de su proyecto político sólo se conseguirá desde la firmeza democrática y la aplicación de la Ley. Desde la AVT “exigimos la aplicación de la Ley de Partidos para ilegalizar el brazo político de ETA: Bildu en los Ayuntamientos y Amaiur en el Congreso de los Diputados”.

Por otra parte, desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) denuncian que en los últimos días se viene insistiendo, especialmente por la izquierda nacionalista radical, que «uno de los pasos que, entre otros, hay que dar en el camino de la normalización política es el de garantizar el respeto a los derechos de los presos llevando a cabo un acercamiento de los mismos a cárceles del País Vasco, así como  la concesión de beneficios penitenciarios y libertades provisionales”.

Dicha idea, que actualmente parece ser compartida, como hemos señalado, por ciertos partidos políticos e instituciones, carece de todo fundamento, y ello porque en ningún caso cabe hablar de un derecho de los presos de ETA a cumplir su condena en prisiones del País Vasco. No existe norma legal, ya sea a nivel nacional o internacional, que reconozca dicho derecho a los presos. Por el contrario, es a la administración penitenciaria a quien la normativa vigente le atribuye la  competencia de designar a cuál de los diversos establecimientos debe ser destinado, o en cuál debe permanecer, el delincuente.

Según COVITE el traslado de los presos de ETA conculcaría en muchas ocasiones los derechos de las víctimas así como infringiría las Sentencias ganadas por ellas en las que se impone a los asesinos la prohibición de acercarse a los lugares donde viven sus víctimas. Como ha señalado Antonio Beristaín, eminente penalista, fundador del Instituto Vasco de Criminología, “Las victimas, no pocas veces, especialmente en ciudades pequeñas, se sentirían moralmente agredidas si algunos terroristas residen en establecimientos penitenciarios cercanos a ellas. Por ejemplo, cuando sus victimarios disfruten de permisos de salida de la prisión, y/o cuando los familiares y amigos se manifiesten o protesten en las inmediaciones de la cárcel…”.

Constatado el hecho de que ETA no se ha disuelto y no ha entregado las armas, y vista la postura del autodenominado “Colectivo de presos políticos vascos”, fiel cumplidor de las directrices de la banda y ajeno a colaborar con la Justicia o a reconocer el daño causado, el tratar de llevar a efecto una concentración de condenados por terrorismo en un escaso número de prisiones, en este caso del País Vasco, podría derivar en una falta de seguridad para el resto de los internos así como para los funcionarios que presten sus servicios en las mismas, a la par que obstaculizaría la reinserción social de los presos impidiendo, dada la concentración antedicha, su separación de ETA.

No cabe tampoco, según este colectivo, requerir la concesión de beneficios penitenciarios o el reconocimiento de libertades provisionales más allá de lo que regula nuestra legislación penal. Si los presos etarras no disfrutan de dichos beneficios o no alcanzan la libertad provisional se debe, sin genero de duda, a que no cumplen los requisitos establecidos por las normas penales. El tratar de sortear o flexibilizar las mismas no resulta de recibo en un Estado de derecho. Si  la izquierda nacionalista radical señala que “han de darse pasos hacia la paz” – su paz, porque en el País Vasco nunca ha habido dos bandos enfrentados – antes debe saber que sin Justicia no es posible la paz y que la Justicia requiere, en el caso referenciado, el cumplimiento de los requisitos legales para las exigencias que están demandando. No cabe llenarse la boca hablando del “proceso de paz” y al mismo tiempo negar la aplicación de la Justicia porque difícilmente puede llegarse a la paz sin pasar necesariamente por la Justicia.

Sentado lo anterior, COVITE asegura que no es coherente, por carecer de legalidad y legitimidad, apoyar las exigencias de los proetarras puesto que los requerimientos que solicitan tratan de minimizar las consecuencias de uno de los delitos más graves: el delito de terrorismo. El terrorismo de ETA no constituye, como algunos quieren, un “conflicto político” sino por el contrario nos encontramos ante un delito de suma gravedad, no siendo sus autores y cómplices meros delincuentes políticos sino delincuentes comunes, merecedores de las sanciones jurídico-penales y de las medidas penitenciarias que les resulten aplicables con base en la normativa vigente.

Eduardo Madina, en imagen de archivo

Por su parte, el diputado y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Madina, ha asegurado hoy que “en espera de un informe más claro en la interpretación del reglamento” del Congreso  por parte de sus servicios jurídicos, “la posición del Grupo Parlamentario Socialista es la de no pronunciarse ni a favor ni en contra” de la petición de Amaiur para formar grupo propio en la Cámara Baja.

En declaraciones a la Agencia EFE, Madina ha explicado que la intención del Grupo Socialista era vincular su decisión “al contenido del reglamento y a la interpretación que los servicios jurídicos del Congreso hicieran del mismo”. Sin embargo, dijo, los socialistas se abstuvieron en la votación en la Mesa del Congreso porque este informe “llegó vacío de contenido, es decir sin una interpretación exacta de lo que el reglamento dice para las condiciones que Amaiur tiene hoy en el Congreso de los Diputados, a la hora de la formación sí o no de su grupo parlamentario”.

En definitiva, Madina explicó que los socialistas consideran que los servicios jurídicos del Congreso “no han sido lo suficientemente claros” en su informe para saber “si Amaiur tiene o no derecho a tener grupo propio” y les ha pedido que “lo sean”.

Asimismo, ha recordado que “Amaiur está ahí por una aplicación estricta de la Ley de Partidos” y por tanto, “se podía presentar a las Elecciones Generales,  algo que el Partido Popular y algún otro partido no entendieron del todo”.

Y el portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA, José Luis Centella, ha tachado de “componenda” la decisión de la Mesa del Congreso de no permitir a Amaiur formar grupo propio en la Cámara Baja. A su juicio, esta decisión se toma “a partir de una interpretación restrictiva de un informe supuestamente jurídico que se acaba utilizando como coartada para tomar una decisión de marcado carácter político”.

Para Centella, “lo ocurrido ayer en la Mesa de la Cámara sienta un mal precedente para el funcionamiento de la misma. Por nuestra parte, no estamos nada satisfechos tanto por la decisión final que se ha adoptado como por la forma de llevarla a efecto”.

El parlamentario de Izquierda Unida detalla que “el documento técnico que debía haber aclarado de forma tajante y clara qué debía hacerse en este caso al final ha servido para dejar las lagunas suficientes para convertirlo en un ‘informe de parte’ y que los tres grupos que forman la Mesa dirijan las miradas hacia él para tratar de justificar sus respectivas decisiones”.

José Luis Centella insiste en la postura mantenida por Izquierda Unida desde el primer momento sobre este asunto y señala que “seguimos creyendo que Amaiur cuenta con todos los requisitos para poder formar grupo parlamentario en el Congreso y para que nadie trate de impedir que en esta Cámara quede reflejada con nitidez la decisión expresada en las urnas por los ciudadanos de una forma explícita”.