El Gobierno defiende las nuevas cotizaciones a la SS

Tomás Burgos, secretario de Estado de la SS

Los empresarios piden al Gobierno que retire la subida de las cotizaciones

Desde el 1 de enero, empresas y trabajadores tienen que cotizar por retribuciones en especie como las aportaciones de las compañías a fondos de pensiones de sus empleados, los vales de comidas, servicios de guardería, seguros médicos y de responsabilidad civil o dietas de transporte. La medida es considerada por la Patronal como un riesgo para la incipiente recuperación económica y por eso las juntas directivas de CEOE y Cepyme acordaron ayer pedir al Gobierno la retirada del decreto «porque eleva las cotizaciones a la Seguridad Social de empresarios y trabajadores, al añadir como computables en la base de cotización retribuciones en especie que hasta ahora estaban exentas o sólo computaban en determinado porcentaje«.

Pero desde el Gobierno no están de acuerdo. Desde el Ministerio de Empleo, que estima que con la nueva medida ingresará unos 900 millones de euros, el secretario de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha dicho esta mañana que la mejora de la competitividad del país no depende de los vales de comida y de los otros conceptos por los que las empresas tendrán que pagar. Burgos ha añadido que «cuando los elementos de apoyo al salario -como los vales de comida- se usan para sustituir las retribuciones en porcentajes tan altos, acaban siendo un problema para el sistema».

Burgos ha explicado, durante una entrevista en la Ser, que «es un principio esencial que el trabajador tiene derecho a que se cotice por la globalidad de su salario y no eludir la cotización, que es lo que está ocurriendo con estas prácticas empresariales, distorsionar el salario y menoscabar la base de cotización». «Además», ha continuado Burgos, «esta práctica tiene una consecuencia inmediata en la prestación social ya que reduce lo que cobrará el trabajador en caso de una situación de desempleo o discapacidad».

A la polémica se ha sumado también la Asociación Española de Emisores de Vales de Comida y Otros Servicios (AEEVCOS), que se ha mostrado en total desacuerdo con las medidas propuestas en la disposición final tercera del Real Decreto-ley 16/2013. Según esta asociación «la inclusión en la base de cotización de todas aquellas asignaciones asistenciales que hasta la fecha estaban exentas de cotización tanto en metálico como en especie, tendrá consecuencias económicas y sociales graves».

Luis Diaz, secretario general de AEEVCOS considera «imprescindible subrayar que esta medida creará un efecto contrario al deseado por el legislador, ya que los vales han demostrado en España y en otros países ser generadores de empleo y facilitar la recaudación de impuestos para el Estado.

Y haciéndose eco de un estudio realizado por la Universidad de Barcelona, Díaz ha recordado que los vales de comida suponen un 17,5% de la facturación total del sector de la restauración. Así, en 2010,  facturó gracias al vale de comida un total de 1.056M€ y genero 21.916 ocupados directos (un 2,3% de afiliados a Seguridad Social en dicho sector). Según el estudio, los vales de comida son un dinamizador de la restauración, ya que no se ahorran ni se guardan y se consumen rápidamente, provocando un flujo continuo y regular de ventas que ayuda a la permanencia y planificación de los comerciantes. «Es más», añade Díaz «el 71% de los restaurantes reconoce que los vales de comida les ayudan de una forma importante a fidelizar su clientela.

Por estas razones, AEEVCOS ha solicitado una reunión con la ministra Fátima Báñez y el Secretario de Estado Tomás Burgos para que el RD sea tramitado como Proyecto de ley y tener la oportunidad de introducir modificaciones que mitiguen parcial o totalmente las consecuencias negativas de esta medida.

La asociación pone cifras a sus reivindicaciones y enumera las consecuencias de la no exención fiscal y/o seguridad social asociada a los Vales de Comida. Así, el sector de la Restauración perdería el 46 % de los usuarios de los vales comida, un total de 275.400 clientes diarios, perdiendo 48 millones de comidas anuales; La facturación se reduciría en 498 millones de euros y se perderían a muy corto plazo 10.059 puestos de trabajo en el sector; por último, el Estado verá disminuida su recaudación neta en 99 millones, debido a la menor recaudación por IRPF, IVA, Seguridad Social e impuesto de sociedades de las empresas de restauración.

También UGT se ha sumado a la «gresca» a costa de las nuevas cotizaciones. El sindicato considera que las retribuciones en especie supondrán nuevas pérdidas salariales y la pérdida de beneficios sociales (como los pluses de transporte, planes y fondos de pensiones, asignaciones asistenciales, o gasto de manutención y estancia) que no solucionará los problemas de ingresos de la Seguridad Social, cuya caída corresponde entre otras cosas a la agresiva reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular que ha facilitado y abaratado el despido.

UGT rechaza esta medida porque modifica el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social y porque supone un nuevo intrusismo por parte del Gobierno en la negociación colectiva y una piedra más que obstaculiza la recuperación económica y el empleo.