Las medidas en apoyo de la economía y el empleo han costado 134.000 millones
La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, explicaba ayer las nuevas medidas (Foto: Moncloa)
El Real Decreto-ley (15/2020) publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) incorpora cambios en algunas de las medidas ya implementadas por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para proteger la economía y el empleo frente a la crisis provocada por la pandemia de covid-19 que amenaza con hundir hasta un 13% el PIB nacional.
Según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las medidas implantadas por el Ejecutivo durante el estado de alarma han costado ya 134.496 millones de euros. Así lo ha sostenido esta mañana en el Congreso donde ha pedido apoyo para una nueva prórroga del estado de alarma por quince días más.
Entre las medidas publicadas hoy y que entrarán en vigor a partir de mañana destacan la prórroga de la vigencia del teletrabajo y los derechos del trabajador para ajustar horario y jornada por el cuidado de familiar (plan MECUIDA) previstos en el RDL 8/2020. Estarán vigentes durante los 2 meses siguientes al levantamiento del estado de emergencia.
Se modifica el concepto de ‘fuerza mayor’ del artículo 22 del RDL 8/20 para que también puedan tramitar ERTEs de fuerza mayor empresas que desarrollen actividades esenciales (es decir, aquellas que deben seguir operativas en virtud de alguna disposición legal derivada del Covid-19) con respecto de la parte de actividad no afectada por dicha obligación de mantenimiento.
Se endurece el régimen sancionador y de reintegro de prestaciones para empresas que hayan falseado datos en la gestión de ERTEs y dado lugar a prestaciones indebidas. Se confirma su tipificación como infracción muy grave y las empresas no solo tendrán que reintegrar las prestaciones indebidamente recibidas por los trabajadores como consecuencia de tal actuación, sino que además deberán abonar al trabajador el salario devengado durante el ERTE como si hubiera trabajado.
Se suspenden los plazos de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, salvo intervenciones derivadas del Covid-19 o necesarias para proteger el interés general, debiendo mediar motivación suficiente en tales casos para que no opere la suspensión.
Se extiende la protección de desempleo a los trabajadores que hayan visto extinguido su contrato por no superación de periodo de prueba a partir del 9 de marzo; a los trabajadores que causaron baja voluntaria en un empleo a partir del 1 de marzo por tener un nuevo empleo comprometido pero a los que su nueva empresa finalmente no haya contratado por causa del Covid-19; y a nuevas situaciones respecto de los trabajadores fijos discontinuos.
Se reduce al 0% el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, con un ahorro de más de 1.000 millones de euros. También se reduce el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos para alinearlo con el aplicable a los de papel.
Se establece un mecanismo para renegociar y aplazar el pago de alquileres de locales de negocio con el fin de aliviar los costes operativos de las pymes y autónomos que hayan visto reducirse significativamente sus ingresos como consecuencia del COVID-19.
