La temporalidad del sector público duplica la del privado
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, esta mañana en Madrid, donde ha acordado con los sindicatos una nueva subida del SMI
La última EPA refleja que las Administraciones públicas terminaron el año 2022 con una temporalidad del 30,2% frente al 14,8 % del sector privado
La última Encuesta de Población Activa (EPA) de 2022 refleja que el sector público tiene una tasa de temporalidad más del doble que la del empleo privado.
Así, los temporales en la Administración Pública suponen un 30,2% del total. Los acuerdos de estabilización de las plantillas han tenido un mínimo efecto: 2021 acabó con el 31% de temporales, por encima de los años precedentes (29,9% en 2020 y 27,8% antes de la pandemia).
Teniendo en cuenta que la tasa de temporalidad del sector privado es del 14,8%, es evidente que la Administración usa el contrato temporal mucho más del doble que las empresas privadas.
El secretario general de la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO, Luis Deleito, califica como ‘fracasados’ los procesos de estabilización. ‘En la Administración hay dos grandes focos de temporalidad. La principal se encuentra en la autonómica, con dos grandes monstruos que son la Sanidad y la Enseñanza, y después la local, con los eventuales. Con los últimos datos del primer semestre de 2022, se aprecia que los procesos de estabilización y los compromisos de reducir la temporalidad no han surtido ningún efecto’, explica Deleito.
El sindicalista destaca ‘la irrisoria bajada de 0,83 puntos de la temporalidad en la Administración que más personal interino y eventual tiene, la autonómica, en la que este personal aún supone el 34,31% del total. En la Administración General del Estado (AGE), donde los interinos son menos utilizados, ha bajado al 2,55%, 0,51 puntos menos. Pero en la local, donde más se abusa de los eventuales, la temporalidad ha crecido con respecto a 2021 en 1,01 puntos, hasta el 14,08%’.
Deleito critica la prometida ‘estabilización’ que no se ha ejecutado. ‘Las grandes convocatorias de empleo público anunciadas a bombo y platillo -la última de 27.509 plazas para la AGE- son una mínima parte de las necesidades de la Administración: no se trata solo de estabilizar, sino de recomponer servicios enteros donde durante años no ha habido reposición’, expone Deleito.
