La regulación del alquiler reduciría la oferta un 10%
Un cartel anuncia una vivienda en alquiler en Madrid
El Gobierno central quiere fijar mediante ley topes en los precios de mercado, lo que a juicio de los expertos generará fraude, reducirá la oferta y encarecerá los precios
La regulación estatal de los precios del mercado del alquiler, estableciendo topes, traerá una importante contracción en la oferta del mercado del alquiler nacional que podría ser de un 10%.
Así lo ha vaticinado este miércoles el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, que ha reiterado que ‘intervenir y topar mediante una ley el mercado del alquiler contraerá la oferta’. Tan solo en la Comunidad de Madrid podrían retirarse del mercado al menos 60.000 viviendas, ha señalado el consejero.
El mercado del alquiler abarca en la región madrileña el 23% del parque inmobiliario, lo que supone aproximadamente unas 600.000 viviendas en alquiler. El Gobierno regional estima que, de estas, al menos una de cada diez podrían retirarse del mercado por no resultar rentable su alquiler a sus propietarios.
En ciudades como Berlín o París, donde ya se aplicó la fórmula de topar los precios, la fórmula fracasó, obligando incluso a la retirada en Francia de la Ley Alur que regulaba el mercado de alquiler francés. En estas dos ciudades europeas la caída de la oferta alcanzó en algunos momentos hasta el 15% del mercado. Si se aplicaran las cifras de estas dos capitales europeas al mercado madrileño, la contracción en la oferta podría incluso elevarse hasta las 90.000 viviendas susceptibles de ser retiradas del mercado del alquiler.
Según estos datos, la consecuencia inmediata anunciada por el Gobierno PSOE-Podemos será una disminución de la oferta con el consiguiente encarecimiento de los precios y un mayor fraude, ya que generará una economía sumergida en los alquileres de viviendas.
De momento, el encarecimiento del alquiler -según la variación interanual del pasado mes de octubre- ha sido en Cataluña un 3,8%, con los precios ya regulados, mientras que en la Comunidad de Madrid, sin limitar los precios, estos han caído un 2,2%.
Por otra parte, David Pérez cree que si finalmente se ‘topan’ los precios muchos propietarios de pisos en mal estado optarán por no reformar sus viviendas, ya que no les compensará la renta regulada que perciban. Así, el resultado final de esta medida será un mayor deterioro del parque de viviendas. ‘Además, la inmensa mayoría de los arrendadores de vivienda en la región son pequeños ahorradores que, en muchos casos, complementan sus ingresos o sus pensiones mediante el alquiler de sus inmuebles y verían reducidos sus ingresos’, ha explicado el consejero.
Por último, tal y como ya anunció la Comunidad de Madrid, el sistema estatal de índices de referencia del precio de alquiler está desactualizado, ya que las referencias de precios datan del año 2018 y muestra una amplia dispersión entre municipios y barrios, por lo que, si se pretende usar como referencia para topar los precios en zonas tensionadas, no serían válidos, generando un aluvión de impugnaciones al causar una elevada inseguridad jurídica.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que se opone al intervencionismo gubernamental de los precios, prefiere apostar por más oferta, por colaboración público-privada y por ofrecer más seguridad jurídica al propietario. Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo madrileño para favorecen la oferta destacan el Plan Vive, que supondrá la llegada al mercado del alquiler de 15.000 viviendas con rentas asequibles durante esta legislatura y 25.000 en los próximos 8 años; las ayudas al alquiler, para las que se ha incrementado el presupuesto hasta los 38,2 millones de euros con motivo del COVID-19; las ayudas a la compra de primera vivienda para jóvenes de hasta 35 años; el Plan Alquila Joven, que ha dado un paso más con la adaptación del Plan Alquila a las necesidades de los jóvenes; y las más de 23.200 viviendas de la Agencia de Vivienda Social que se han puesto a disposición de los más vulnerables.
