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Ante un aborto ¿importa más el derecho a elegir de la mujer o el derecho a vivir del feto?

Joaquim Bosch

Joaquim Bosch, de JpD (eitb)

Jueces para la Democracia considera que la ley actual refleja la evolución en valores que ha tenido la sociedad española y la plataforma Derecho a Vivir cree que la nueva norma defiende la vida del concebido, que es un ser humano cuya vida merece protección

En la ley de 1985 se preveía que las mujeres que abortaban fueran castigadas con penas de prisión de seis a 12 meses o multa de seis a 24 meses, y en la ley de 2010, con multa de seis a 24 meses si lo hacían fuera de los casos previstos (y en caso de impago esta pena se sustituía en cárcel)

La reforma de la ley del aborto no sólo ocupa a los políticos, que defienden derechos distintos dependiendo del color del partido al que pertenezcan. Los escorados a la izquierda, como PSOE e IU, defienden los derechos ya constituidos de las mujeres, a las que otorgan total libertad para abortar o no; y los más conservadores se afanan en explicar que los no nacidos también tienen derechos y que, por ocupar una posición más débil en el conflicto entre la vida y la muerte, deben ser defendidos por encima de todos los derechos reconocidos a las mujeres que, aún siendo libres, no pueden decidir «matar» al nasciturus.

También la sociedad, como no podía ser menos, se implica en el debate. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, critica el proyecto del Gobierno de reforma de la ley del aborto porque «la derogación de la ley de plazos, vigente en la actualidad, nos aleja del sistema que informa en la mayoría de los países europeos y porque la regulación enormemente restrictiva que propone el Gobierno, con inclusión de la penalización en los supuestos de malformación del feto, nos devuelve a tiempos preconstitucionales».

Según Bosch, que traslada el debate a un ámbito ideológico, la reforma «resulta innecesaria, pues existe una aceptación colectiva muy amplia de las normas actuales sobre la materia, que resultan adecuadas a nuestra realidad social. La reforma que impulsa el Gobierno es contraria a la evolución en valores que ha tenido el conjunto de nuestra sociedad. Sin embargo, el ministro Gallardón ha preferido pagar el peaje a determinados grupos de presión, como la jerarquía eclesiástica. Se trata de una regulación que pretende imponer la moralidad propia de una confesión religiosa al conjunto de la sociedad. Pero en un Estado aconfesional no se deben aplicar dogmas de fe a toda la ciudadanía. Con esta decisión el Gobierno demuestra que no es capaz de gobernar para la mayoría de la sociedad y que no tiene inconveniente en atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».

Bosch cree que cuando entre en vigor la reforma «miles de mujeres tendrán que viajar al extranjero para abortar, como ocurría en la época del franquismo. Y quienes decidan abortar en nuestro país lo harán en situación de clandestinidad y en condiciones de riesgo para su integridad. Además, esta regulación incrementará las desigualdades sociales entre las mujeres que tengan recursos para poder abortar y quienes no los tengan. Resulta poco comprensible la actuación de un gobierno que recorta constantemente las ayudas familiares y al mismo tiempo criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo. Todavía resulta más grave la contradicción entre obligar a las mujeres a tener descendencia en el caso de malformaciones físicas o psíquicas y, al mismo tiempo, retirar las ayudas a la dependencia».

El portavoz de la corriente progresista de los jueces y magistrados españoles aduce que «el Gobierno actúa de forma enormemente autoritaria y erosiona los principios básicos de convivencia en una sociedad plural, en lugar de respetar la libertad y las opciones legítimas de cada persona. Desde Jueces para la Democracia consideramos muy criticable esta intensa vulneración de los derechos de las mujeres, la más grave de nuestra etapa democrática», concluye.

Ignacio Arsuaga

Ignacio Arsuaga, de la plataforma pro vida

Por contra, desde la plataforma Derecho a Vivir, celebran que la “nefasta ley Aído” haya desaparecido, aunque advierten de que la nueva norma puede ser un coladero. Ignacio Arsuaga, presidente de la asociación valora el anteproyecto como «un paso adelante positivo». Sin embargo, seguirán defendiendo el Aborto Cero y, en este sentido, pone de manifiesto que «el grave peligro para la vida o la salud física de la embarazada», que se recoge en el texto normativo como justificación para abortar, «puede seguir siendo un coladero».

Arsuaga, que recuerda que en 2008 intentaron que no se aprobara la Ley Aído, destaca, entre los aspectos positivos contenidos en el anteproyecto, el hecho de que «el aborto deje de ser un derecho. «Esta nueva ley, ya desde su título (Ley para la protección de la vida del concebido) traslada el debate sobre la ley a sus justos términos. El aborto deja de ser un derecho. El anteproyecto trata de defender la vida del concebido, que se presenta como lo que es: un ser humano cuya vida merece protección. Por tanto, desde el punto de vista conceptual y jurídico, el anteproyecto plantea dar un paso adelante muy significativo y nos permitiría conseguir una ley de aborto cero el día de mañana».

Entre las mejoras, el presidente de Derecho a Vivir resalta «la prohibición de publicidad de servicios de aborto, lo cual es un reconocimiento de que es algo negativo para la sociedad; que amplíe el plazo obligatorio para que la mujer sea informada de todas las alternativas al aborto; y que quede derogada la parte de imposición educativa contemplada en la ley de 2010, que obligaba incluso a los estudiantes de medicina a hacer prácticas de aborto».

Sin embargo, la plataforma pro vida advierte de que la nueva ley puede ser un nuevo «coladero». En primer lugar, porque el texto del Ejecutivo recupera el falso argumento del «peligro para la salud de la mujer gestante. Sin embargo», razonan, «el embarazo no es ni causa ninguna enfermedad; lo que el Estado debe garantizar es que no se den las circunstancias que alrededor de un embarazo provocan situaciones difíciles para la mujer. Y en el caso de que existan dichas circunstancias (familiares, sociales, económicas, laborales…) se pongan todos los medios para solventarlas».

«En segundo lugar», continúan explicando Arsuaga, «porque los medicos que tienen que certificar los riesgos del embarazo no pertenecer al Sistema Público de Salud. No es difícil imaginar un grave peligro de fraude en este sentido ya que bastaría con que los dos médicos y el centro abortista tuvieran un acuerdo que no fuera ni laboral ni mercantil en beneficio mutuo», argumentan.

Y respecto a la financiación del aborto, Derecho a Vivir, considera que “el Sistema Nacional de Salud no debería sufragarlo y, por tanto, debería estar excluido de la cartera de servicios sanitarios». A su juicio, «el aborto no puede ser considerado un tratamiento médico pues no cura ni alivia, sólo acaba con la vida de un ser humano y perjudica a la mujer embarazada«. En relación con el supuesto del aborto de un niño concebido en una violación sexual también es rechazado por la plataforma porque «se mantiene la injusticia de castigar a un inocente por el delito cometido por un tercero. Si la presunción de inocencia es un valor democrático consagrado, no se entiende que el que es inocente a todas luces sea condenado a morir», asegura Arsuaga. El Estado debería proveer a la madre que sufre una violación de los sistemas asistenciales necesarios y ofrecer, en último caso, vías para la adopción y cuidado de esos niños«, enfatiza.

Por otra parte, Derecho a Vivir lamenta que este anteproyecto «no contemple la obligatoriedad de proporcionar una ecografía del niño en el marco del asesoramiento a la mujer que se plantea abortar» y propone que esta medida sea debatida en el trámite legislativo; además, critican que el nuevo proyecto no de un carácter absoluto al derecho a vivir del concebido, error heredado del dictamen del Tribunal Constitucional en 1985, que consideraba al nasciturus como objeto de protección jurídica y no como sujeto de derechos.

Y para acabar, la asociación pro vida insiste en que «no hay razón para que el Gobierno siga retrasando y publicando con opacidad las cifras oficiales del aborto con tanto retraso» y reclama que Sanidad saque a la luz los datos de 2012.

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