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La reforma de la ley del aborto ocupa el debate político en España

PSOE

Valenciano y Pérez Rubalcaba quieren mantener la ley actual

El debate sobre la reforma de la ley del aborto llena la esfera política a pesar de que los ciudadanos estén hoy más preocupados por saber si les ha tocado la lotería de Navidad o no. Ayer, en un acto en la sede socialista de Ferraz «en defensa de la libertad de las mujeres», la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, proclamó su compromiso a detener el anteproyecto de ley del aborto planteado por el Gobierno del Partido Popular. «Vamos a parar esto, porque nos están quitando la libertad. No podemos consentir que nos quiten la libertad y tenemos que hacer que paguen por ello», dijo la número dos del PSOE durante su intervención en el acto al que acudieron representantes de asociaciones de mujeres y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Según Valenciano, «lo que está en juego es el derecho a nuestra libertad y a nuestra dignidad. Rajoy y su Gobierno no ha parado de hacer daño a las mujeres en estos dos años» dijo la número dos socialista que afeó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que presidiese el Consejo de Ministros donde se aprobó la reforma, «lo cual es si cabe aún más doloroso».

Para Valenciano, «España retrocede mucho más de treinta años y se convierte en la excepción europea, después de haber pasado por un camino de libertad porque a diferencia de países como Irlanda o Polonia, que han ido avanzando poco a poco en su legislación, en el caso de España, donde había una de las leyes referencia en este campo, se volverá a la clandestinidad y al miedo que existía cuando España carecía de una legislación segura. Ahora volverán a obligar a mujeres a parir hijos con graves malformaciones y a coger vuelos chárter a Londres para abortar».

La dirigente del PSOE considera que «estamos ante un retroceso espectacular basado en la ideología más conservadora de este Gobierno. Una propuesta de ley que supone el triunfo de los más integristas, que se han llevado el gato al agua, y que representa la victoria de los más enemigos de las mujeres, porque esta ley no es contra el aborto, es una ley contra las mujeres». Valenciano llama «a las mujeres conservadoras de esa ideología» para que se opongan a esta norma, porque está «convencida de que no quieren una ley tan restrictiva que trata a las mujeres como incapaces, ya que las priva de su derecho a decidir y opinar sobre su maternidad, que queda sujeta a la opinión de los médicos y de otros profesionales que establezcan cuál es nuestro estado para poder ser madres o no», argumenta.

También la secretaria de Igualdad socialista, Purificación Causapié, asegura que «esta ley está hecha al dictado de la extrema derecha» y «condena a la clandestinidad a las jóvenes e invade de tristeza a aquellas mujeres que durante tantos años lucharon por un derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas. No somos ni víctimas ni asesinas, somos ciudadanas de pleno derecho».

Y también Izquierda Unida, a través de su Área Federal de la Mujer, considera que la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que quiere imponer el Gobierno de Mariano Rajoy es «un ataque frontal a los derechos fundamentales de las mujeres». La formación liderada por Cayo Lara anima a la sociedad a participar en las convocatorias de denuncia y movilización que en las próximas semanas se realicen en las diferentes ciudades del Estado en contra de la reforma y por la defensa de un derecho al aborto, libre, público, gratuito y fuera del Código Penal».

Según la formación de izquierdas, «los cambios planteados supondrán un grave retroceso en la conquista de derechos, nos coloca junto a los países europeos más restrictivos y a la cola de los más avanzados en materia de libertades y derechos humanos«. Y sobre la interesada interpretación de que la reforma conlleva despenalizar para las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo «hay que adelantar que es una despenalización parcial, ya que la penalización sigue para los profesionales que asistan a las mujeres. Por tanto, será un arma para impedir el ejercicio de nuestro derecho. Hay que recordar que también debe ser motivo de vergüenza para el PSOE, cuya reforma mantuvo esa penalización».

José Ignacio Echániz

José Ignacio Echániz dice proteger a los más débiles

Desde el Partido Popular, en cambio, las cosas no se ven igual y su secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del PP, José Ignacio Echániz, defiende la reforma porque «si hay un principio que debe regir la actuación de cualquier servidor público es defender al más débil porque por encima de lo que en cada momento sea más cómodo o de lo políticamente correcto, el deber de un legislador es atender al más vulnerable».

En opinión de Echániz, «la reforma legislativa respeta profundamente ese principio atendiendo de forma preferente al ser humano que está aún en el vientre de su madre. Ni las presiones económicas, ni las ideológicas, ni la exclusiva voluntad de un adulto pueden ponerse por encima de ese derecho a la vida, que merece un respeto universal», aduce el portavoz popular en estos temas, que añade que «si hay un elemento que demuestra el firme compromiso del Gobierno de Rajoy con esta defensa del más débil es el hecho de que no se desprecia de antemano a ninguna persona por tener alguna discapacidad. El respeto a las personas con discapacidad es uno de los grandes avances de esta ley».

«Frente a la demagogia de quienes hablan de derecho a eliminar una vida humana, la Ley del aborto de Rodríguez Zapatero permitía acabar con la vida de cualquier persona a la que se detectara Síndrome de Down o alguna discapacidad semejante. Se les trataba», según Echániz, «como si estuviéramos ante seres inferiores, para quienes la vida no merece la pena, cuando tienen muchas otras capacidades y virtudes, como bien saben las personas que conviven con ellos. Padres, abuelos y hermanos de estas personas aprecian el valor, el cariño, la fortaleza y la alegría de seres humanos que estaban llamados a desaparecer en nuestra sociedad», reprocha el dirigente popular

«La reforma de la Ley del Aborto deja claro que una persona con alguna discapacidad o Síndrome de Down tiene los mismos derechos que  cualquier otra. Son personas con capacidades diferentes, con el mismo derecho a nacer que cualquier otra, con el mismo derecho a disfrutar de la vida, con el mismo derecho a tener un futuro, aunque sufran algún tipo de limitación», afirma Echániz, para quien «una sociedad moderna y avanzada es una sociedad que respeta profundamente a los más débiles. En primer lugar, los no-nacidos. Pero también, y de forma enérgica, dando todo nuestro apoyo a las madres a la hora de sacar adelante a sus hijos», ha concluido.

Sandra Moneo

Sandra Moneo

Por último, la secretaria nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular, Sandra Moneo, afirma que «el proyecto de ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada defiende y protege siempre a la mujer, su salud física y psíquica, y su dignidad personal. Lo que resulta realmente bochornoso es escuchar al PSOE hablar de la libertad de la mujer, porque las mujeres somos libres desde hace décadas».

«Esta es la primera vez que se garantiza que ninguna mujer irá a la cárcel por abortar«, afirma Moneo, que critica que el Partido Socialista, «al que tanto le preocupan las mujeres, mantuviera las sanciones penales para ellas». «Hay una realidad y es que el aborto nunca puede ser un derecho, siempre tiene que ser una excepción. Ningún tratado internacional, ningún convenio contempla el aborto como derecho», aduce Moneo, que también recuerda que «la semana pasada el Parlamento Europeo rechazó esta postura que hoy defiende el PSOE».

La secretaria nacional de Igualdad del PP pide «coherencia y sentido común al principal partido de la oposición y que de una vez por todas sitúen a la mujer en el debate del siglo XXI. Este es un debate del siglo pasado, que es donde se ha quedado el PSOE. Cuestión diferente es que ellos no hayan querido o no hayan podido ayudar a la mujer que se ha enfrentado a un embarazo imprevisto o a un embarazo con problemas a lo largo del periodo de gestación«, ha proseguido.

Sandra Moneo destaca, para acabar, que el anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada “termina con la indefensión en la que se encontraban las menores de edad, a las que se permitía abortar sin consentimiento y, en la práctica, también sin el conocimiento de los padres. Ahora se garantiza que las menores de 18 años estén acompañadas por su padres en un momento especialmente difícil para ellas», ha concluido.

Jueces para la Democracia y la plataforma Derecho a Vivir exponen sus razonamientos sobre este controvertido tema

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