La Oposición dice que la reforma fiscal es electoralista
Inmaculada Rodríguez-Piñero
La reforma fiscal aprobada por el Gobierno no satisface a los partidos políticos en la Oposición, que acusan al Ejecutivo de proponer ahora los cambios tributarios pensando en las próximas elecciones. La secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, acusa al Gobierno de plantear una reforma fiscal «con fines electoralistas de cara a los comicios municipales y autonómicos de 2015 y generales de 2016», y asegura que cuando acabe esta legislatura todos los españoles, «menos las grandes fortunas y los defraudadores», pagarán más impuestos que en 2011.
«Se trata de una limosna para las clases medias y trabajadoras, y de un gran regalo fiscal para las grandes fortuna y las rentas altas que lo que hace es profundizar en la desigualdad en nuestro país», asegura Piñero, que añade que «esto no es una reforma fiscal, es un conjunto de medidas que afectan a no todos los impuestos y que se deja fuera lo más importante: la lucha contra el fraude fiscal y el tratamiento de la riqueza patrimonial de las personas».
La secretaria de Economía socialista recuerda que, cada vez que se acercan unas elecciones, el PP promete bajar impuestos en campaña, para luego hacer todo lo contrario, tal y como ocurrió tras las generales. De hecho, desde que la derecha llegó al gobierno “han subido 50 impuestos y han retirado del bolsillo de los ciudadanos 28.000 millones de euros”; en definitiva, “han subido los impuestos a todos, menos a las grandes fortunas a las que regalaron una vergonzante amnistía fiscal”.
También el coordinador federal de IU, Cayo Lara, considera que la reforma fiscal aprobada por el Consejo de Ministros es «electoralista, provocará una reducción de los ingresos tributarios del Estado que deberá acompañarse necesariamente de nuevos recortes y viene a ser un torniquete para frenar la sangría de votos que el PP ha tenido en las Elecciones Europeas del 25 de mayo«.
Lara augura que «no se van a cumplir dos de los principales objetivos porque no va a impulsar la creación de empleo, ni tampoco permitirá avanzar hacia un sistema tributario más equitativo». «Estamos ante una reforma de trileros porque con una mano enseñan los porcentajes engañosos de algunas rebajas y con la otra ocultan las auténticas bajadas de impuestos, que hacen fundamentalmente a las grandes empresas, a las grandes fortunas y a las rentas más altas», advierte el coordinador federal de IU, para quien «la realidad de esta reforma es que sigue bajando los impuestos a los más ricos, a las rentas más altas y a las grandes empresas, que se reduce la progresividad en el IRPF y que, por tanto, se convierte en un impuesto más injusto al reducir los tramos»..
No es distinta la opinión del portavoz económico de UPyD en el Congreso, Álvaro Anchuelo, que acusa al Gobierno de usar la reforma fiscal como «arma electoral» ante los comicios del próximo año. Y al igual que Lara pronostica que las bajadas de tributos anunciadas se tornen en incrementos impositivos a través de los impuestos locales y autonómicos.
Desde CiU, Josep Sánchez Llibre cree que los cambios tributarios introducidos por el Gobierno son «insuficientes» y pide al Gabinete de Mariano Rajoy que vincule la reducción de la presión fiscal a los ciudadanos con la lucha contra el fraude.
Para el sindicato UGT, la propuesta de reforma fiscal también tiene «tintes electoralistas» y «sigue beneficiando a los que más tienen». Según el sindicato, «esta reforma fiscal no es la que necesita este país». Además, añade, «tiene un claro tinte electoralista, por lo que lanza un mensaje de rebaja de impuestos, pero no aborda un cambio de fondo del sistema tributario sino que consolida muchos de sus problemas, como la diferencia de trato entre las rentas del trabajo y del capital, y beneficia a los que más tienen».
Por eso la Unión General de Trabajadores reclama «un sistema que garantice más recaudación de forma estable para atender los compromisos sociales y financieros que requiere una economía avanzada; un sistema más justo, que aumente las aportaciones del capital y de quienes poseen más riqueza y reduzca la de aquellos que menos ingresos tienen; y atacar con decisión el fraude, que está minando la recaudación y la justicia de los impuestos».
Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) pide al Gobierno que incluya la rebaja de las cotizaciones sociales empresariales para fortalecer la recuperación económica y la creación de empleo. Según Cepyme, la reforma es «más acorde» con el crecimiento y el empleo.
En la línea de los empresarios se posiciona la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que considera que la nueva reforma fiscal va a devolver protagonismo a los ciudadanos, reducirá el esfuerzo fiscal al que se han visto sometidos en estos últimos años y permitirá mejorar su poder adquisitivo, facilitando que autónomos y empresas realicen sus actividades en unas mejores condiciones fiscales.
Desde ATA consideran fundamental que esta reforma no contemple una subida del IVA, como algunos de forma absurda siguen reclamando, que haya tenido en cuenta una reducción de las retenciones profesionales para prácticamente un millón y medio de autónomos que tributan en IRPF y que establezca una rebaja considerable para todos aquellos autónomos con rentas profesionales bajas.
Además, en ATA consideran acertado el hecho de que se mantenga, como la organización siempre ha reclamado, el sistema de tributación por módulos, en el que se encuentran en torno a 600.000 autónomos, a los que se les facilita su tributación de una forma ágil y sencilla. Lorenzo Amor, presidente de la organización, considera que «esta reforma va a permitir, tras duros años de crisis, mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que se traducirá en un incremento del consumo y la demanda y en una mejora de la actividad y del empleo en nuestro país».
