CiU y PNV apoyan la Ley de Transparencia
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría
Casa del Rey, Banco de España, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas financiadas de forma «relevante» con fondos públicos estarán incluídas en la norma
Un consejo independiente velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia
Un consejo independiente velará por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y las sanciones a los cargos públicos que incumplan sus normas las impondrá la autoridad fiscal independiente creada recientemente por el Gobierno. Estas dos circunstancias han hecho que CiU y a PNV hayan retirado sus enmiendas a la totalidad del proyecto y este siga adelante con su tramitación parlamentaria. Después de casi tres horas de debate con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, defendiendo la iniciativa del Gobierno, las enmiendas de Izquierda Plural, UPyD y cuatro formaciones del Grupo Mixto (ERC, BNG, Compromís-Equo y Amaiur) fueron rechazadas.
En un principio iba a ser el Ministerio de Administraciones Públicas el que actuaría de «comisario» de la Ley de Transparencia y una agencia estatal la que impondría las sanciones a aquellos cargos públicos que infringiesen las normas pero las exigencias de CiU y PNV han llevado a introducir cambios en el texto de la Ley.
Sáenz de Santamaría, que dijo preferir alcanzar acuerdos con todos los grupos políticos durante la tramitación parlamentaria de la Ley, confirmó que en el ámbito de aplicación de la ley se incluirá a la Casa del Rey, al Banco de España, a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y a entidades privadas financiadas de forma «relevante» con fondos públicos, entre las cuales no descartó que entre la Iglesia. Santamaría subrayó que España tendrá la «primera ley» de Transparencia en Europa que «incluye explícitamente a la Casa Real». Un avance «impulsado activamente por la Monarquía», indicó.
La vicepresidenta añadió que la norma irá acompañada de la puesta en marcha de un Portal de Transparencia, que permitirá obtener información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos.
En apoyo del Gobierno, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, resaltó que «no hay mejor remedio contra la corrupción que anticiparse a ella» y dijo que esta ley ayudará a combatirla y que «nadie haga lo que no debe».
En nombre del PSOE, Meritxell Batet mostró su disposición a negociar y recordó que una de las principales reticencias era la potestad sancionadora que otorgaba el texto al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tras el debate, el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reiteró su voluntad de alcanzar un acuerdo para lograr «toda la transparencia» en las instituciones, aunque advirtió de que hay «líneas rojas» y pidió al Gobierno que escuche porque «el pacto es cosa de dos».
Sin embargo, el portavoz de la Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, indicó que mantenían la enmienda «para no ser engañados». También el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, dijo que no se fiaban y consideró que la ley definitiva será un mero escaparate sin contenido, opinión que compartió su compañera Rosa Díez, quien dijo que PP, PSOE y los nacionalistas caminan juntos para «controlar la opacidad y parasitar los órganos reguladores con plena impunidad».
Sáenz de Santamaría calificó de «incongruente» e «incoherente» la posición de los grupos que han pedido la devolución del proyecto al Gobierno al tiempo que consideran imprescindible que España tenga una ley de transparencia.
