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La Justicia invalida la nulidad de los despidos durante la pandemia

Yolanda Díaz

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se afanó en marzo de 2020 en explicar lo que eran los ERTE (Foto: Moncloa)

El Gobierno ‘prohibió’ los despidos durante el cierre decretado por la pandemia del virus chino

Los despidos que se produjeron durante la pandemia no son nulos de pleno derecho a pesar de que el Gobierno los ‘prohibió’ por real decreto.

Así lo dispone una sentencia del Tribunal Supremo que resuelve a favor de un recurso interpuesto contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Vasco que declaró nulos los despidos ‘al entender que estaban prohibidos e incurrían en fraude’.

El problema surge porque con el Real Decreto-Ley 9/2020 el Gobierno de Pedro Sánchez obligó a los empresarios españoles a acudir ‘sí o sí’ al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para solucionar sus problemas asociados a la pandemia.

El RDL dispuso que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada no eran justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Es importante recordar que cuando se aprobó esta norma los ministros del Ejecutivo PSOE-Podemos comparecieron antes los medios de comunicación presumiendo de que habían ‘prohibido despedir’.

Ahora, el Tribunal Supremo (la Justicia) dicta una sentencia en la que descarta que los despidos ejecutados durante la pandemia puedan considerarse nulos de manera automática.

El fallo, cuyo texto se dará a conocer en los próximos días, concluye que el despido no debe calificarse como nulo, salvo que exista vulneración de un derecho fundamental, elusión de las normas procedimentales sobre despido colectivo o concurrencia de una circunstancia subjetiva generadora de especial tutela.

Y esto porque ni el RDL 9/2020 contiene una verdadera prohibición, ni las consecuencias de que haya un despido fraudulento comportan su nulidad, salvo que exista previsión normativa expresa (como sucede en el caso de elusión del mecanismo del despido colectivo). Del mismo modo, tampoco el acudimiento al ERTE aparece como una verdadera obligación.

Asimismo, la calificación del despido como nulo se descarta porque las previsiones sobre el tema (tanto del Estatuto de los Trabajadores cuanto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) ignoran el supuesto de fraude (salvo en despidos ‘por goteo’ que eluden el procedimiento de la extinción colectiva).

Así, cuando aparezca un despido que carezca de causa válida hay que calificarlo con arreglo a la legislación laboral vigente, tanto por la especialidad de este sector del ordenamiento cuanto por la propia remisión del artículo 6.3 del Código Civil (calificando como nulos los actos contrarios a normas imperativas y prohibitivas ‘salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención’).

La sentencia se ha aprobado en el último Pleno presidido por María Luisa Segoviano Astaburuaga, quien cesa en el cargo por jubilación, habiendo sido su ponente el magistrado Antonio Sempere Navarro.

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