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La guía contra la violencia de género del CGPJ es totalitaria

AEAF

«No hay violencia de género», defienden desde la AEAF

Abogados de Familia perciben una deriva peligrosa hacia el totalitarismo

En lo que va de año, en España ha habido 37 mujeres fallecidas víctimas de violencia doméstica

La Comunidad de Madrid inicia una campaña de sensibilización contra la violencia de género. Puede ver en nuestro canal de Youtube el vídeo promocional  [1]

El Consejo General del Poder Judicial ha introducido en la Guía Práctica de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género elementos incompatibles con el Estado de Derecho.

Es lo que denuncia la Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF), que ve en la nueva Guía graves manipulaciones, vulneraciones del derecho a la presunción de inocencia y una rebelión descarada contra el ordenamiento jurídico.

Javier Mª Pérez- Roldán, presidente de la AEAF, concreta estas «vulneraciones» en que criminaliza a los hombres que después de una denuncia de género obtienen una resolución de archivo o sobreseimiento.

El órgano de gobierno de los jueces da la espalda a la presunción de inocencia cuando  sostiene «que no pueden vincularse las denuncias falsas con el elevado número de sobresei­mientos provisionales, ya que este se produce por la dificultad de probar  hechos que suelen ejecutarse en la intimidad familiar o por la postura adoptada por la víctima, que sigue encerrada en un círculo de violencia».

A juicio del presidente de la AEAF afirmaciones como esta propagan un clima de odio al varón víctima de un proceso judicial que acaba en archivo. Y ello porque favorece su criminalización social, debiendo cargar siempre con el sambenito de ser culpable que no ha sido condenado por falta de pruebas.

Pérez Rodán añade que, siendo esto grave, lo es más cuando los propios jueces «rechazan la existencia de denuncias falsas alegando la inexistencia de sentencia de condenas por tal concepto o procedimientos al respecto». Esto, en palabras de abogado de familia, «resulta una auténtica infamia» de los miembros del Consejo, a los que acusa de «estar cegados por corrientes ideológicas».

«Por una parte sostienen que el abultado número de archivos o absoluciones a acusados por violencia de género se debe a la dificultad de probar el delito y por otra se muestran contrarios a admitir que la inexistencia de más condenas o procesos por denuncias falsas se debe igualmente a la dificultad de probarlo».

Esto entronca con el hecho de que, todo el mundo lo sabe, «es más fácil demostrar un hecho positivo que un hecho negativo. Por eso, continúa su argumento el abogado Pérez Roldán, si según el CGPJ son numerosos los archivos por no poder demostrar la realización de un acto positivo de violencia de género, por fuerza tienen que ser más numerosos los casos en los que no se ha podido ni abrir actuaciones por denuncia falsa porque es ontológicamente más complicado mostrar la existencia de indicios de que algo no sucedió».

Y para ejemplificarlo el presidente de la AEAF expone lo siguiente: «cualquiera de nosotros podría demostrar fácilmente haber estado alguna vez en algún partido de fútbol, pues bastaría con mostrar una foto o un video en que aparezcamos con un campo detrás. Sin embargo, nos sería imposible demostrar que no hemos estado nunca en un estadio de fútbol, pues para hacerlo tendríamos que documentar que a lo largo de todos los minutos de nuestra vida nunca fuimos a un estadio, lo cual es imposible, pues no podemos tener toda nuestra vida documentada. Por eso, precisamente, es más fácil que una mujer demuestre que su marido la insultó (pues pudo grabar los insultos) que demostrar que una mujer miente cuando dice que su marido la insultó, pues es imposible demostrar un hecho negativo».

La asociación de abogados de familia destaca en la guía otra afirmación taxativa que no se sostiene jurídicamente. «No existe ninguna norma procesal ni sustantiva que otorgue a las víctimas de la violencia de género una posición “privilegiada” que les permita obtener ventajas, dentro del procedimiento civil, por el hecho de tener la consideración de presuntas víctimas de estos delitos». Según Pérez Roldán, «esta afirmación es rotundamente falsa. En primer lugar, porque la mujer que denuncia por violencia de género, aunque tenga medios económicos sobrados y por tanto no tenga derecho al reconocimiento de abogado de justicia gratuita, puede beneficiarse de un abogado pagado por la administración si en vez de instar su separación por la vía civil la insta por la vía penal».

En segundo lugar, «porque la mujer que denuncia por violencia de género obtiene a los tres días siguientes una resolución en la que se le reconoce prácticamente al 100% de los casos la custodia de los hijos y una pensión alimenticia, así como el uso de la vivienda. Sin embargo, si acude a la vía civil puede tardar meses para que se le otorgue el uso de la vivienda, una pensión y la custodia de los menores, y ello por la saturación de los Juzgados civiles».

En tercer lugar, «es grave que el CGPJ actúe de manera tan sesgada que no alcance a comprender que cuando hay una separación desgraciadamente existe un alto índice de hombres y mujeres que solo actúan por rencor y por odio al otro. La mujer lo puede canalizar por la vía rápida de una denuncia de género, el hombre, sin embargo, deberá buscarse otras vías».

Finalmente, el propio CGPJ se desdice en la propia guía de la afirmación de que no existe beneficio alguno en una falsa denuncia. Y es que dice expresamente que «en el seno de la orden de protección será siempre inviable la custodia compartida, al existir violencia de género, de acuerdo con el artículo 92.7 Código Civil.». Es decir, advierten desde la AEAF, que sí que puede existir un interés en denunciar en falso para que procesalmente sea inviable la custodia compartida, que, en prácticamente la totalidad de los casos, supone la no concesión exclusiva del uso de la vivienda familiar y la denegación de una pensión de alimentos.

Igualmente los abogados de esta asociación reprochan la irresponsabilidad mayúscula en la que el propio CGPJ incurre cuando insiste en negar la existencia de la alienación parental, esto es, la manipulación de los hijos menores en beneficio de uno u otro cónyuge.

Según estos abogados, «la existencia o no de la manipulación es una cuestión clínica que solo pueden abordar profesionales del ámbito sanitario», tal y como estableció la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando en dos sentencias obliga a todos los juzgado de averiguar sí el síndrome de alineación parental o cualquier proceso de manipulación está presente en los menores, así como a determinar sus consecuencias para su desarrollo.

Para acabar, desde la Asociación Europea de Abogados de Familia llaman la atención sobre el alejamiento del CGPJ de la realidad sociológica de España demostrada por hechos como los protagonizados por una falsa denunciante de León, que denunció a su pareja por secuestro, violación y lesiones, cuando la realidad es que la denunciante simuló estos delitos; o el caso de la mujer que denunció hace unos pocos días a su marido por envestirla con su coche y luego denegarla el auxilio, cuando era falso.

Y de todo esto, «guardan silencio el Defensor del Pueblo y las Asociaciones de Jueces y Fiscales», sentencia Pérez Roldán.