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La Generalitat deja de enviar el informe semanal de gastos a Hacienda

Cristóbal Montoro

Montoro pagará directamente a los proveedores de la Generalitat (Foto: Moncloa/J.M. Cuadrado)

Puigdemont y Junqueras abren la campaña del 1-O pese a las advertencias de ilegalidad

El Consejo de Ministros adoptará hoy nuevas medidas para garantizar que el dinero público de los catalanes no se destine a la celebración del referéndum.

El Gobierno tomará estas medidas después de que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, haya remitido una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, informando de que dejará de enviarles los informes semanales de sus gastos –como impuso el Gobierno el pasado 21 de julio– y sólo les hará llegar el detalle mensual.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha advertido a Junqueras de que si no remite la información que se le exige sobre los gastos de la Generalitat el Gobierno «adoptará las medidas necesarias» para que cumpla con la ley.

Junqueras argumenta para negar la información a Hacienda que esa obligación supone un control político pero Montoro le recuerda que es una medida de control de la gestión y destino de los recursos públicos y, «en definitiva, de la legalidad para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales».

«Las decisiones del Gobierno de España están encaminadas al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera recogidos en la Constitución», recalca el ministro. Además, recalca que el envío de la información requerida deriva del compromiso adquirido voluntariamente por Cataluña al adherirse al mecanismo de financiación.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, iniciaron ayer en Tarragona la campaña por el sí en el referéndum del 1-O, pese a que la consulta está suspendida por el Constitucional y a que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado la paralización de todos los preparativos.

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, transmitió a los responsables de los teatros y locales donde está previsto realizar actos electorales el auto del Constitucional. Antes del mitin de Tarragona, el subdelegado del Gobierno en esta ciudad, Jordi Sierra, advirtió a los propietarios del recinto de que podían incurrir en un delito.

Antes del mitín, Puigdemont y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunciaron que han encontrado una fórmula para que en Barcelona se pueda votar el 1 de octubre «sin poner en riesgo la institución ni los servidores públicos». El acuerdo entre Generalitat y Ayuntamiento llegó a pesar de que el secretario del consistorio barcelonés advirtiese en un informe que Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias «penales».

A este respecto, el segundo teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, afirmó que «si ha habido acuerdo» para facilitar el 1-O éste habrá sido entre partidos «favorables a una movilización» y no entre la Generalitat y el gobierno municipal, ya que éste no facilitará «ni locales ni medios» para la votación.

El presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, advirtió de que su formación trasladará a la Fiscalía los acuerdos que hayan alcanzado el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat que puedan facilitar el «referéndum ilegal» del 1 de octubre.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dijo que no se puede actuar contra Ada Colau por hablar de un acuerdo con la Generalitat para facilitar la votación, aunque advirtió de que se investigará el contenido del mismo.

Por último, la Fiscalía de Barcelona presentó ayer una querella contra los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña que fueron designados por el Parlament para ejercer funciones análogas a las de una Junta Electoral en el referéndum del 1 de octubre.

La Fiscalía les acusa de un delito de desobediencia, usurpación de funciones y malversación, por aprobar acuerdos para la celebración del referéndum de independencia cuando la consulta ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Paralelamente, la Fiscalía ha presentado una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (AMC), Miquel Buch, por promover y organizar el referéndum del 1-O, a través de los alcaldes.

La querella pide al juez que, como medidas cautelares, ordene el cierre de las páginas web de ambas organizaciones municipalistas, fije una fianza a ambos políticos y dirija un oficio a los alcaldes para que «impartan las instrucciones precisas» en aras de impedir la celebración del referéndum prohibiendo la colocación de carteles y retirando los que ya estén colgados.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Guardia Civil que adopte las medidas técnicas oportunas para deshabilitar la web del referéndum e identificar qué medios de comunicación con sede en Cataluña han insertado publicidad institucional sobre el 1-O.

Mientras, la dirección de Correos ha remitido una circular interna a los directores de oficinas y sucursales recordándoles que, en cumplimiento de la ley, deben abstenerse de tramitar cualquier tipo de envío relacionado con el referéndum ilegal de independencia. La circular recuerda a los directores de oficina que el Constitucional ha impugnado toda la normativa promulgada por la Generalitat orientada a la independencia de Cataluña, y por tanto, toda actuación derivada de esa normativa está suspendida.

Precisamente, el Govern remitirá a finales de esta semana o principios de la próxima las cartas a los miles de ciudadanos elegidos por sorteo para formar las mesas electorales del referéndum.

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