La Fiscalía se querella contra el Govern por un delito de malversación
Puigdemont y Junqueras, presidente y vicepresidente del Govern catalán
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña registra dos querellas, una contra Govern y otra contra la Mesa del Parlament
El delito de malvesación de caudales públicos implica penas de prisión
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió ayer a trámite las dos querellas que había anunciado el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, por el referéndum del 1-O.
Una va dirigida contra el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont; su vicepresidente, Oriol Junqueras, y los 12 consejeros del Gobierno por el decreto de convocatoria; y otra contra los miembros de la Mesa del Parlament por las normas complementarias para su realización.
La Fiscalía ve delitos de desobediencia grave, prevaricación y malversación de fondos públicos. Los dos primeros delitos conllevan penas de inhabilitación y el tercero penas de prisión.
La Fiscalía solicita también medidas cautelares. En concreto, pide fianzas a los miembros del Govern para cubrir una eventual condena por el gasto de fondos públicos, que se interrumpa el funcionamiento de la web Garanties.cat y comunicar a los medios públicos y privados que no deben permitir «cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum».
Asimismo, pide a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra que adopten las medidas necesarias para impedir la consulta, como son la retirada de urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales y elementos informáticos.
La querella considera que los miembros del Govern «no pueden desconocer» que su decisión de convocar el referéndum «conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos».
Sobre el delito de desobediencia, considera que los querellados «se han negado abiertamente» a cumplir las resoluciones del Constitucional. En cuanto a la prevaricación, sostiene que los miembros del Govern tenían «cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaban un procedimiento ilegítimo».
La sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha repartido las querellas a sendos ponentes, los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos.
Lá dirigida contra la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y cuatro miembros de la Mesa por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos está registrada con el número 40/2017, y ha sido repartida, siguiendo el turno establecido, al magistrado Carlos Ramos.
La segunda de las querellas, dirigida contra el Consell Executiu, el presidente Puigdemont y las otras doce personas que lo integran, por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación, y malversación de caudales públicos, ha sido registrada con el número 41/2017, y le «tocado» al magistrado José Francisco Valls.
