La Fiscalía pide la suspensión de los diputados presos
Javier Zaragoza forma parte de la Fiscalía del TS que acusa a los «golpistas»
Ciudadanos presentó ayer sendos escritos en el Congreso y el Senado pidiendo lo mismo
La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que comunique a la Mesa del Congreso y a la del Senado que «deben proceder a la aplicación inmediata» del precepto legal que obliga a la suspensión de los presos del «procés» que han obtenido escaño.
La Fiscalía, en un escrito remitido al Supremo, solicita al tribunal del «procés» que impulse la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece que cuando exista un procesamiento firme por delito de rebelión y se decrete la prisión provisional, el procesado que ostente un cargo público quede «automáticamente suspendido» de sus funciones.
En el plano político, Ciudadanos presentó ayer sendos escritos dirigidos a las Mesas del Congreso y del Senado solicitando la suspensión de los diputados presos.
Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull «prometieron» acatar la Constitución en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados. A pesar de que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió a la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de que habían conculcado la Carta Magna al referirse a los «presos políticos» y «la República», la tercera autoridad del Estado permitió a los procesados por los delitos de rebelión y malversación adquirir la condición plena de diputados. «Desde el compromiso republicano como preso político y por imperativo legal», dijo concretamente Oriol Junqueras.
En este contexto, la formación naranja refiere que el artículo 21.1.2º del Reglamento del Congreso de los Diputados establece que el «diputado quedará suspendido en sus derechos y deberes parlamentarios: (…) 2º. Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta».
Por ello, dicen los diputados de Cs, «corresponde acordar la suspensión de la condición de diputado de los diputados Electos (…) sin que quepa una decisión potestativa o meramente discrecional de la Cámara, sino que el efecto se produciría ope legis y de forma inmediata una vez se den los supuestos previstos en la norma».
En este sentido, terminan, «no cabe por tanto otra decisión que la suspensión inmediata en la totalidad de sus derechos y obligaciones parejas a la condición de diputado de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull».
También el Partido Popular ha pedido que se analicen las fórmulas de acatamiento de la Constitución que cada diputado empleó en la sesión constitutiva de la Cámara Baja. A su juicio, hay varios diputados «que no lo son», porque ayer emplearon una fórmula que «no es aceptable».
Para Casado ayer asistimos a «un auténtico escarnio a la Constitución española» porque hubo quien acató la Carta Magna jurando como presos políticos, reivindicando el 1 de octubre o amparándose en la supuesta república de Cataluña. «Eso no es un imperativo legal, es una humillación a la Constitución» y el PP considera que no han pasado de diputados electos a parlamentarios «con todas sus funciones», ha indicado.
Así, ha explicado que el PP ha presentado una iniciativa legislativa para que el acatamiento de la Constitución en el juramento de los diputados se base estrictamente en la previsión legal y que no haya fórmulas creativas ni ofensivas contra la legalidad ni contra la soberanía nacional.
El presidente popular ha planteado además que los presos electos pudieron cometer algo parecido al «perjurio». Casado ha sugerido «analizar si la figura del perjurio, es decir, jurar sabiendo que lo haces falsamente o jurar sabiendo que lo haces de forma ofensiva contra la propia legalidad, es constitutivo de algún reproche penal».
Asimismo, Pablo Casado ha pedido que los diputados incursos en un procedimiento penal abierto por el Tribunal Supremo sean suspendidos. Algo que se verá mañana jueves en la primera reunión de la Mesa del Congreso celebrará de la legislatura. Como asunto principal, el máximo órgano del Congreso debatirá el futuro de los cuatro diputados catalanes en prisión preventiva. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha destacado en la rueda de prensa posterior a su reunión con Felipe VI que es el poder judicial el que debe estudiar «las conductas» de los cuatro diputados.
Fuentes del PSOE adelantaron ayer que Batet, además, pedirá un informe jurídico a los letrados de las Cortes, lo que retrasará aún más la posible suspensión de los «golpistas» procesados. Pero todo lo que ocurra esta XIII Legislatura en el Congreso dependerá de la mayoría que ostentan en la Mesa PSOE y Podemos.
Informa Efe que la presidenta del Congreso ha comunicado oficialmente al Rey esta mañana en el Palacio de la Zarzuela la constitución de la Cámara Baja. A pesar del formalismo Felipe VI aún no puede fijar la fecha de su ronda de consultas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque Meritxell Batet aún no le ha trasladado oficialmente el listado de partidos que tienen representación en el Congreso.
Se prevé que esa ronda pueda celebrarse en la primera semana de junio.
