15 empresas se repartieron los contratos de ADIF durante años
Sanciones impuestas a las empresas por la CNMC
La CNMC les impone sanciones por valor de 118 millones de euros
14 directivos de las compañías infractoras también han sido sancionados con 666.000 euros
Se ha activado el procedimiento para impedir que las empresas sancionadas puedan contratar con la Administración
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 15 empresas y a 14 de sus directivos por repartirse de manera ilícita los concursos convocados por ADIF para adjudicar las construcción de infraestructuras ferroviarias (sistemas de electrificación y electromecánica) en líneas de tren convencional y de alta velocidad.
Durante catorce años estas empresas crearon varios cárteles para acudir a las licitaciones públicas. El castigo impuesto por la CNMC es una sanción de 118 millones de euros. A sus directivos le impone una multa de 666.000 euros. Además, por primera vez, la CNMC activa el procedimiento para la prohibición de contratar con la Administración por lo que remite la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Estas empresas crearon tres cárteles para falsear la competencia en los concursos públicos y repartirse los concursos convocados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad; para manipular los concursos para el mantenimiento de los sistemas de electrificación en líneas de tren convencional; y para repartirse los concursos públicos y privados para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad.
En el primero de los cárteles, para la electrificación del AVE, los hechos acreditados indican que trece de estas empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) adoptaron acuerdos para repartirse 24 contratos para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE durante ocho años (desde 2008 hasta 2016). El importe total de los contratos adjudicados al cártel asciende a 837 millones de euros.
Los acuerdos en ese cartel fueron evolucionando a lo largo del tiempo, desde abril de 2008 hasta marzo de 2016, en función de las licitaciones que se iban produciendo y de las empresas que participaban de la estrategia colusoria.
Destacan los denominados acuerdos MICRO-MACRO, en virtud de los cuales las empresas pactaron el reparto a partes iguales en facturación y margen de varias licitaciones a través de la constitución de diversas Uniones Temporales de Empresas (UTEs).
La estrategia consistía en que dichas uniones -cuya formación era previamente acordada entre las empresas- que fuesen adjudicatarias de los contratos cederían un importe de la producción y margen de beneficio a las no adjudicatarias, que presentarían ofertas de cobertura o acompañamiento no ganadoras para simular concurrencia competitiva en la licitación.
El segundo de los cárteles, creado para la electrificación del tren convencional, operó durante 14 años (mayo de 2002 hasta noviembre de 2016). Los hechos acreditados indican que las diez empresas que crearon este cártel (Elecnor, Cobra, Semi, Inabensa, Cymi, Alstom, Electren, Siemens, Telice y Eym) adoptaron acuerdos en relación con, al menos, 239 licitaciones, de las que 173 resultaron finalmente adjudicadas y ganadas por empresas del cártel, con un importe total repartido entre las empresas de 134 millones de euros.
Sanciones impuestas a los directivos de las empresas infractoras
Los primeros hechos que acreditan la existencia de una estrategia colusoria en los concursos en líneas de tren convencional se remontan a 2002. En ese momento los directivos de las principales empresas del sector suscribieron un acuerdo para repartirse todas las licitaciones que fueran convocadas por RENFE para el mantenimiento de las subestaciones eléctricas en las líneas de tren convencional. El acuerdo, entre otras cuestiones, preveía un método de reparto de las licitaciones mediante un sorteo para establecer el orden de adjudicación de los contratos, al que las empresas denominaron «ranking».
Las empresas también tenían previstos mecanismos de compensación entre ellas. De esta manera las empresas que no eran adjudicatarias de los contratos se aseguraban un porcentaje de un 6% sobre la cifra de contratación a repartir a partes iguales.
Los acuerdos se mantuvieron estables durante todo el tiempo como consecuencia, entre otros motivos, de la facilidad de las empresas para adaptarse a las circunstancias sobrevenidas y a los cambios en las licitaciones realizados por ADIF.
En el tercer cártel creado para el reparto de concursos públicos y de un concurso privado para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos electromecánicos en las líneas de alta velocidad, durante tres años (2013 a 2015), Alstom e Indra, con independencia de la complementariedad de sus tecnologías que ha justificado la constitución de UTEs acordaron en ocasiones repartos de licitaciones de menor cuantía o complejidad.
Para ello, presentaban ambas ofertas, si bien una de ellas era de acompañamiento o de cobertura, con el compromiso de que la eventual empresa adjudicataria subcontrataría a la no adjudicataria. En 2015 se sumó a tales prácticas, Elecnor.
Estas empresas han adoptado acuerdos para el reparto de, al menos, 7 contratos con un presupuesto de licitación de 84 millones de euros. Es de destacar los acuerdos previos de reparto entre las tres empresas para la subcontratación del proyecto relativo a la red ferroviaria de Noruega denominado FOLLO LINE, que fue adjudicado por un precio de 60 millones de euros.
La CNMC ha activado el procedimiento para impedir a todas las empresas sancionadas contratar con la Administración. Además, ha eximido del pago de la multa a Alstom Transporte, a su matriz y directivos pues fueren ellos los que alertaron a la Comisión de estas prácticas ilegales. Gracias al «chivatazo» la empresa no tendrá que pagar 8,9 millones de euros. Por el mismo motivo, se ha reducido en un 45% la multa correspondiente a Siemens y a su matriz, que queda en 9,24 millones de euros.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa pero los sancionados pueden interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
