La CNMC investiga a 4 bancos a cuenta de los avales ICO COVID
El CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, en la Junta General Ordinaria de Accionistas de este año
La Comisión analiza las condiciones que Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank y Bankia exigieron a empresas y autónomos para contratar líneas de avales ICO COVID durante la pandemia
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado expediente sancionador contra Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank y Bankia por posibles prácticas restrictivas de la competencia en la comercialización de las líneas de avales ICO COVID.
Estos avales fueron habilitados en 2020 por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para facilitar el acceso al crédito y liquidez a empresas y autónomos y hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En particular, la CNMC investiga la vinculación a distintos productos que los bancos habrían exigido como condición para que los clientes pudieran acceder a las líneas de avales. Además analiza la utilización de los créditos como mecanismo para reestructurar deudas financieras preexistentes.
Las conductas analizadas tienen origen en determinada información que la CNMC recibió a través del buzón activado para que empresas y ciudadanos denunciaran prácticas anticompetitivas en los mercados.
Tras el análisis de la información recabada, la CNMC ha detectado una serie de actos que podrían vulnerar la normativa de competencia. En estos momentos, la Comisión está analizando la vinculación de productos cruzados a la hora de comercializar los préstamos ICO COVID (entre otros, seguros, servicios de alarma o la compra de televisores); la utilización de dichos créditos como mecanismo para restructurar productos financieros preexistentes; así como el pago de gastos iniciales por parte de los beneficiarios de los créditos, con carácter previo al desembolso de los fondos correspondientes a los créditos concedidos.
La CNMC considera que la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes. En consecuencia, sus prácticas podrían haber alterado el comportamiento económico de los consumidores que acudieron a estas entidades para suscribir los créditos ICO. Todo ello podría suponer un falseamiento de la libre competencia y habría afectado al interés público.
A partir de aquí y durante los próximos 18 meses se desarrollará la instrucción del expediente.
El ICO prestó 114.000 millones de euros a autónomos y pymes en 2020
El plazo para devolver los préstamos ICO se ha ampliado hasta los ocho años
