La CNMC anima a denunciar los cárteles
Acciona, Corsán-Corviam, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr «amañaron» contratos de la Administración para construir y rehabilitar infraestructuras y edificios públicos
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia a las grandes constructoras de España: Acciona, Corsán-Corviam, Dragados, FCC, Ferrovial, Obrascón Huarte Lain y Sacyr.
Según las CNMC, los principales grupos constructores de obra civil en España llegaron acuerdos e intercambiaron información con el objeto y/o efecto de restringir la competencia, en el ámbito de las licitaciones convocadas por las distintas Administraciones Públicas en España, para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios.
Dichos acuerdos tuvieron especial incidencia en la preparación de sus ofertas técnicas de cara a dichas licitaciones y se habrían instrumentado, entre otras vías, mediante la constitución de un grupo estable y formal constituido por las citadas empresas. Así, decidían con carácter semanal si contrataban conjuntamente los distintos aspectos que incluía la oferta técnica de las licitaciones que iban haciéndose públicas.
Estas prácticas están prohibidas en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
La Comisión descubrió estos «amaños» entre la documentación de otro expediente que estaba investigando. Tras inspeccionar las sedes de cuatro de las empresas ahora expedientadas y estudiar la información incautada, la CNMC considera que existen indicios racionales de que Acciona, Corsán-Corviam, Dragados, FCC, Ferrovial Agromán, Obrascón Huarte Lain y Sacyr se repartieron el mercado mediante la fijación de condiciones comerciales o el intercambio de información comercial sensible.
Este tipo de acuerdos constituyen una infracción muy grave de la legislación y pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras. Ahora la Comisión tendrá que calcular cuánto «se llevaron» la empresas por la construcción y rehabilitación de infraestructuras (entre otros, autovías, puentes, líneas ferroviarias de alta velocidad, urbanizaciones de terrenos, etc.); de edificios (colegios, hospitales, promociones de Vivienda Protección Oficial, , bibliotecas, etc.); y de infraestructuras de tratamiento de agua (depuradoras, desaladoras, estaciones de tratamiento de agua potable, etc.).
La CNMC, que tiene 18 meses para instruir el expediente y resolverlo, insiste en publicitar el «programa de clemencia», que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten su detección.