La Audiencia Nacional absuelve a los que asediaron el Parlamento catalán
Momento de la manifestación del 15 de junio de 2011
El presidente del tribunal, Fernando Grande Marlaska, emite un voto particular en el que solicita la condena para diez de los acusados
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha expresado su «absoluto desacuerdo» con la sentencia y ha anunciado que recurrirá ante el Supremo
También la Mesa del Parlament recurrirá la sentencia
La sala penal de la Audiencia Nacional absolvió ayer a los 20 acusados del asedio al Parlamento catalán el pasado 15 de junio de 2011. La sentencia, de 164 folios, exculpa a todos los procesados por delitos contra las instituciones del estado, atentado y asociación ilícita, y sólo culpa de falta al manifestante que pintó una cruz en la espalda de la diputada del PSC Monserrat Tura.
«La democracia se sustenta en un debate público auténtico, en la crítica a quienes detentan el poder» argumenta la sentencia de sala, según la cual las conductas «estaban destinadas a reivindicar los derechos sociales y los servicios públicos frente a los recortes presupuestados y a expresar el divorcio entre representantes y representados».
Al parecer de los jueces de la AN, la finalidad de los manifestantes violentos «era divulgar mensajes de protesta en relación a las decisiones legislativas, para lo que trataban de ocupar los alrededores del Parlament y dirigir a los diputados, a los medios de comunicación y a la sociedad el rechazo de tales medidas de recorte del gasto social en detrimento de los servicios públicos y de la efectividad de los derechos sociales».
Según los magistrados de la Audiencia Nacional, «todos los acusados ejercieron el derecho fundamental de manifestación» y subrayan que «cuando los cauces de expresión se encuentran controlados por medios de comunicación privados resulta obligatorio admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación».
El presidente del tribunal, Fernando Grande Marlaska, emitió un voto particular en el que solicitó la condena para diez de los acusados por «alterar el funcionamiento y dignidad del Parlament, dado que los acusados evitaron que los diputados accedieran a la Cámara o lo hicieran con la necesaria tranquilidad».
Núria de Gispert no olvidará los graves incidentes de 2011
La presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, ha mostrado hoy su sorpresa por la sentencia de la Audiencia Nacional y ha anunciado que hay mayoría a la mesa a favor de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, una decisión que la mesa tomará mañana por la noche. De Gispert ha explicado que la sentencia «ha causado sorpresa» por «la manera como se plantea el caso», «por los hechos» y «por cómo se llega a la conclusión de la absolución» y ha apuntado que «da la impresión que dan poca importancia a lo que pasó«.
Según la presidenta, «no es digna la no defensa del Parlamento» y por ello «el recurso es necesario, para defender la dignidad de la cámara y para que hechos como estos no se vuelvan a producir«. En este sentido, ha dicho que se siente «más cerca» de la sentencia alternativa que, a través de un voto particular, ha hecho el presidente de la sala, el magistrado Fernando Grande-Marlaska.
La presidenta también ha afirmado que «no puedo olvidar los hechos del 11 de junio de 2011, porque hubo agresiones, violencia e intimidación, y una voluntad clara de despreciar el Parlamento y de no permitir la entrada de los sus representantes». Así, ha recordado que intentó acceder hasta cuatro veces en el parque de la Ciutadella, sin conseguirlo, por lo que tuvo que llegar en helicóptero junto con el presidente de la Generalitat.
Al respecto, el portavoz del grupo parlamentario del PPC, Enric Millo, ha afirmado que valora muy positivamente la decisión de la Mesa del Parlamento que, «gracias a los votos de CiU y PPC, podrá recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo». Y ha hecho un llamamiento al resto de grupos parlamentarios a posicionarse a favor del recurso. «Es necesario saber al lado de quién está cada uno, quién está del lado de la democracia y quién no lo está», ha añadido Millo reclamando celeridad a PSC y ERC para expresar su posicionamiento.
Preguntado por esta sentencia el portavoz parlamentario del Partido Popular, Alfonso Alonso, el dirigente popular ha afirmado que «lo mejor que se puede decir de esa sentencia es que es recurrible«. «No la ha comprendido nadie», ha señalado Alonso, quien ha añadido que «aquí se estaba produciendo un ataque a una institución democrática» y «cuando esos ataques quedan impunes, sin duda se tiene una sensación muy negativa para la convivencia democrática y es bueno que se pueda revisar».
Y el que no se encuentra en sí mismo es el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha expresado su «absoluto desacuerdo» con la sentencia y ha anunciado que recurrirá ante el Supremo. Para Torres-Dulce «son hechos muy graves que afectan a la soberanía democrática del Parlamento». El fiscal general ha ido más allá y ha apuntado que «las afirmaciones que se hacen de doctrina sobre el tipo penal en la sentencia merecen una revisión por el más alto tribunal para que fije en casos similares».
Y más allá todavía va el sindicato Manos Limpias, que ejercía la acusación popular, que considera la sentencia «manifiestamente injusta, rozando el límite de la prevaricación», y que también presentará el recurso correspondiente. En cambio, para las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia la sentencia es «correcta jurídicamente» y piden no exacerbar las peticiones de pena «ejemplarizantes».
