Lo ocurrido en Barcelona los días 20 y 21 se investiga como sedición
Los coches de la Guardia Civil quedaron destrozados
Cuando una multitud impidió a los agentes de la Guardia Civil salir de los edificios de la Generalitat donde fueron arrestados 14 altos cargos del Govern
Fue por esto por lo que el coronel Diego Pérez de los Cobos asumió el control total de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña
La Audiencia Nacional investiga si los hechos que se produjeron en Barcelona los pasados días 20 y 21 constituyen un delito de sedición.
Agentes de la Guardia Civil detuvieron el día 20 a 14 altos cargos del Govern acusados de organizar el referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. Como respuesta, una multitud de secesionistas retrasó la salida de los agentes y de la comitiva judicial de la Vicepresidencia y Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña.
Los agentes que desactivaron la preparación del 1-O llegaron a primera hora de la mañana del miércoles a la Consejería autonómica y no pudieron salir de allí hasta que pasada la medianoche los Mossos d’Esquadra dispersaron, por orden directa del juez, a los manifestantes, que durante el día destrozaron los vehículos de la Benemérita.
Según el relato de los hechos, «los días 20 y 21 de septiembre de 2017, en el curso de la práctica de una serie de diligencias de entrada y registro acordadas por el Juzgado de instrucción n° 13 de Barcelona en sus Diligencias Previas n° 118/2017, una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Ello ocasionó el corte de la Gran Vía de les Corts Catalanes, la Vía Laietana, la Diagonal y la calle Diputació.
Algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil, e impidieron a los agentes de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y a los integrantes de la comisión judicial abandonar los edificios tras los registros practicados. Otros manifestantes se sentaron sobre el asfalto delante de los coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad. Otros procedieron a empujar a los agentes y a bloquear la salida de un vehículo de la Guardia Civil.
Estos hechos se produjeron fundamentalmente ante la Conselleria de Economía, en la Conselleria de Exteriores, en la Consellería de Governació, en la sede del Partit dels socialistes de Catalunya (PSC), donde se llegó a agredir a militantes socialistas, en la sede de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en Barcelona, en la imprenta de Bigues i Riells y en Sabadell, mientras se llevaba a cabo por orden judicial el registro en el domicilio particular del jefe de gabinete de Governació, Joan Ignasi Sánchez.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) montó en el n° 10 de la Rambla, junto al Colegio de Periodistas, un puesto para voluntarios en donde podían recoger un chaleco de diferentes colores y desde donde se organizaban los turnos de relevo, y cuyos voluntarios, conscientes de que con ello dificultarían la intervención policial, hicieron un cordón ante la puerta de la Conselleria de Economía para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos, mientras gritaban a los Mossos «no us mereixeu la senyera que portea» (no os merecéis la bandera que lleváis), intimidando a la Guardia Civil al grito de «no sortireu» (no saldréis).
Jordi Sánchez, presidente de la ANC, se puso al frente a los congregados ante la sede del departamento de Economía y manifestó: «El 1 de Octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos». «Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa». Y el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, pidió que la movilización no se detuviera. Ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a la movilización permanente a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo».
Para el Ministerio Público estos hechos podrían suponer un delito de sedición, que está castigado hasta con quince años de prisión.
La titular del Juzgado Central de Instrucción Carmen Lamela ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía en relación a las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones en defensa del ordenamiento constitucional.
La magistrada ha pedido a la Guardia Civil que redacte un atestado sobre cómo las personas concentradas quisieron impedir que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cumpliesen con su deber.
En un auto, la juez analiza las conductas y los hechos que incluye el Ministerio Publico en su denuncia y concluye que pueden encajar dentro del delito de sedición del artículo 544 del Código Penal. Así, recuerda que el tipo penal exige un conducta colectiva caracterizada como alzamiento tumultuario como un alzamiento dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.
Lamela señala que el bien jurídico que se protege es el orden público entendido como la paz y tranquilidad en las manifestaciones externas de la convivencia ciudadana, y añade que igualmente protege el principio de autoridad entendido como el que la ciudadanía deposita en las instituciones para el ejercicio adecuado de las funciones que desempeña al servicio de una sociedad democrática y por tanto de la colectividad, una funciones que –agrega- quedarían en entredicho si fueran impedidas por la fuerza.
La instructora considera que este delito de sedición tal y como acontecieron los hechos, es competencia de la Audiencia Nacional en tanto que además de atentar contra los bienes jurídicamente protegidos que le son propios, «puede suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno».
Conforme al relato de hechos del fiscal, la finalidad última de las movilizaciones que expone en su denuncia era, según Lamela, romper la organización del Estado, por lo que atenta también contra la forma actual de Gobierno en España a qué se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula las competencias de la Audiencia Nacional.
La juez precisa que no todos los delitos de sedición con carácter general son competencia de la AN sino que en este caso concreto, el delito de sedición puede atentar también contra la forma de Gobierno, al tratar de cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, lo que determina igualmente la competencia de la Audiencia Nacional.
