La AN agiliza el juicio de los delitos de lesa humanidad de ETA
La AN no quiere restrasos
La jueza Carmen Lamela ha acordado inhibirse en favor de los diferentes juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional para que sean estos los que investiguen cada uno de los delitos de lesa humanidad cometidos por los jefes de ETA que están siendo procesados.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 pretende con esta medida evitar un “retraso injustificado” de la investigación, teniendo en cuenta que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, como regla general, que cada delito dará lugar a la formación de una única causa y sin que exista en este caso “conexidad” entre ellos.
En el auto de inhibición la jueza recuerda que hasta ahora no se ha practicado ninguna investigación, salvo los informes de inteligencia, y que para iniciar la instrucción lo primero que debería hacer sería reclamar testimonio de la causa seguida en cada juzgado que conoce de cada uno de los atentados, realizándose tantas investigaciones como delitos se imputan a los procesados.
Ello, dice Lamela, aumentaría la complejidad de la instrucción “teniendo en cuenta las distintas fases en que se encuentran los distintos procedimientos, las distintas personas a quienes se imputan cada uno de ellos y los diferentes tiempos y circunstancias en que los delitos fueron perpetrados”.
Todo ello provocaría, como sostiene el Ministerio Fiscal, un retraso injustificado en la instrucción de cada procedimiento, explica la resolución.
Por tanto, la magistrada se inhibe al Juzgado de Instrucción 5 del atentado con coche-bomba en el cuartel de Legutiano que mató al guardia civil Juan Manuel Piñuel en mayo de 2008; al Juzgado de Instrucción número 1 por la muerte del brigada de Ejército Luis Conde de la Cruz en Santoña, en septiembre de ese mismo año; y al Juzgado de Instrucción 6 el asesinato de Ignacio Uría en el mes de diciembre.
Además, envía al Juzgado de Instrucción núm. 4 dos causas: el asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles mediante la explosión de un artefacto lapa en el coche, en junio de 2009, y el atentado con bomba-lapa bajo su vehículo oficial que causó la muerte de los guardias civiles Enrique Sáenz de Tejada y Diego Salvá.
Por último, Lamela se queda con el procedimiento que se sigue por el asesinato a tiros del ex concejal del PSE Isaías Carrasco, perpetrado el 7 de marzo de 2008.
