Piden la reforma de la justicia universal para perseguir el narcotráfico

Gaspar Llamazares

Izquierda Unida ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a promover la reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la justicia universal «con el fin de restablecer la capacidad de los jueces de perseguir el narcotráfico» en aguas internacionales.

Según Gaspar Llamazares, presidente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del problema de las Drogas, el «agujero judicial provocado por la obsesión del PP de cargarse el alcance del sistema de Justicia Universal para atender a las presiones políticas y económicas que le llegaban de otros Estados por otro tipo de causas amenaza múltiples operaciones antidroga».

Hace un mes entró en vigor la reforma de la Justicia universal que ha provocado la puesta en libertad de, al menos, 16 presuntos narcotraficantes detenidos a bordo de buques cargados de droga en aguas internacionales. IU pide que los jueces de la Audiencia Nacional sean competentes para investigar y enjuiciar «hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional», como el tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.

Llamazares advierte de que la reforma de la Justicia «ha empezado a tener gravísimas consecuencias para la lucha contra el narcotráfico» y «amputa la capacidad de perseguir judicialmente a narcobarcos tripulados por extranjeros en aguas internacionales, como ya han constatado y avisado magistrados hasta ahora competentes de la Audiencia Nacional».

El parlamentario de IU señala que «este recorte de competencias judiciales conlleva, en la práctica, que sólo pueda actuarse sobre narcobarcos si hay constancia de que la droga tiene como destino España, si en la trama hay implicados españoles o si hay extranjeros que han montado o pretenden montar una organización en España».

«La dificultad –añade- de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan constatar previamente todo ello acrecienta de forma peligrosa la impunidad de la que ya empiezan a disfrutar las mafias organizadas para traer droga a nuestro país o pasarla a través de él».

El pasado  8 de abril el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ya se vio obligado a dejar libres a ocho marineros egipcios detenidos el 6 de marzo con 10 toneladas de hachís en el barco A la voluntad de dios, apresado por el Servicio de Vigilancia Aduanera en aguas internacionales, a 60 millas del cabo de Gata (Almería).

«Este agujero judicial provocado por la obsesión del PP de cargarse el alcance del sistema de Justicia Universal para atender a las presiones políticas y económicas que le llegaban de otros Estados por otro tipo de causas -explica Gaspar Llamazares- amenaza múltiples operaciones antidroga, algunas en marcha y otras ya ejecutadas».

Llamazares recuerda que hay al menos otros cuatro barcos capturados en los últimos meses en similares circunstancias que el mencionado antes, cuyos tripulantes también podrían ser excarcelados. El Moon Light, tripulado por 7 sirios, llevaba 18 toneladas de hachís; el Avenir de Safi II, con 6 tripulantes marroquíes, transportaba 9 toneladas de hachís; el Mayak, con 12 toneladas de hachís y 8 tripulantes sirios detenidos por la actuación conjunta de los aduaneros de Francia, Italia y España; y el Berk Kaptain, tripulado por 4 turcos, llevaba a bordo 12 toneladas de hachís.

La anterior norma que regulaba la Justicia Universal declaraba a los magistrados de la Audiencia Nacional competentes para investigar y enjuiciar «hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional» tipificados en España como delitos.