Fianza de 800 millones para la antigua cúpula de Bankia
Porque los estados financieros contenidos en el folleto de Oferta Pública de Suscripción no expresaban la imagen fiel de la entidad
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha fijado una fianza civil de 800 millones de euros a Bankia, a su matriz BFA «como accionista único» de la entidad y a la cúpula directiva responsable de la salida a Bolsa de la Caja, porque los estados financieros contenidos en el folleto de Oferta Pública de Suscripción de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad».
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Andreu considera que «Bankia creó una ficción» y «un relato incompatible con la verdad», ya que la situación patrimonial reflejada en el folleto aprobado por el Consejo de Administración dirigido a los inversores minoristas en la salida a bolsa de la entidad «poco o nada tenía que ver con la real, puesta de manifiesto unas semanas después».
Según el juez, que se basa en el dictamen de los peritos del Banco de España, «las grandilocuentes afirmaciones contenidas en el informe de gestión, e incluso el optimismo del folleto sobre la bondad de la operación contrastan vivamente con la realidad de las cosas».
Así pues, el entonces presidente Rodrigo Rato, el vicepresidente José Luis Olivas, el consejero delegado José Manuel Fernández Norniella y el consejero ejecutivo Francisco Verdú deberán hacer frente a la fianza impuesta por el magistrado en el plazo de un mes.
Bankia recurrirá la fianza e interpondrá un recurso en defensa de la entidad de sus accionistas, entre ellos los contribuyentes, puesto que la mayor parte del capital sigue estando en manos del Estado y, por tanto, de los españoles.
Pero esto no es obstáculo para que el juez considere que la fianza es «proporcionada, adecuada y justificada«. Andreu afirma que esta medida cautelar no pretende poner en duda la viabilidad económica y financiera del grupo que, recuerda, «se debe precisamente al hecho de haber recibido 22.400 millones de euros en ayudas públicas».
El juez considera que se trata de una estafa de inversores, delito creado en 2010 para «proteger los intereses colectivos frente a los escándalos financieros», penado con hasta seis años de prisión, que consiste en falsear la información de los folletos de emisión de algún instrumento financiero para captar inversores. Por eso Andreu quiere «asegurar las legítimas expectativas de los accionistas minoritarios», que en total invirtieron 1.800 millones en títulos del banco.
