Hasta 8 impuestos estatales gravan la producción de energía
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, esta mañana en Moncloa (Foto: Javier Amescua)
Lo denuncia la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, que pide al Gobierno que acabe con los elevadísimos precios de la luz
Envía una carta a la ministra para la Transición Ecológica proponiéndole 6 medidas para abaratar de verdad la factura de la luz y los carburantes
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, instándola a adoptar medidas eficaces para atajar la crisis energética.
Entre las soluciones que propone Martín para bajar la factura de la luz destaca la de eliminar los hasta 8 impuestos que gravan su producción y aumentan el coste para los ciudadanos.
La consejera regional propone sustituir esos 8 impuestos por uno que internalice los daños ambientales. Ademas, apuesta por estudiar la suspensión temporal e inmediata del impuesto al CO2 y del impuesto de hidrocarburos; reducir las subvenciones que no tienen nada que ver con la generación de electricidad, como las garantías de potencia o las primas a las renovables; traspasar el 100% de los sobrecostes de los sistemas eléctricos insulares, Ceuta y Melilla, así como el déficit de tarifa, a los Presupuestos Generales del Estado; aprovechar los fondos europeos para reforzar las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, con el sistema europeo. Y abrir el debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, antes de que el avance de los planes de desmantelamiento nos sitúe en un punto de no retorno.
En un momento en el que Rusia está utilizando la energía como arma de guerra contra Occidente -ha cortado el flujo de gas a Alemania durante diez días ‘por mantenimiento’ en el Nord Stream 1-, la situación de España resulta desalentadora por la debilidad de su mapa energético y por la insuficiencia de interconexiones eléctricas con el mercado europeo.
La realidad, señala Martín, es que en este momento ‘somos uno de los países con mayor dependencia del exterior y el segundo con la electricidad más cara de toda la Unión Europea, con una fiscalidad que supera el 60% de la factura entre impuestos y costes regulados’.
En este punto, la consejera de Medio Ambiente madrileña reprocha a la vicepresidenta tercera que el Gobierno prescinda del carbón y programe cerrar las centrales nucleares sin tener alternativas, ‘lo que hace a los españoles dependientes casi en exclusiva de un gas que no tenemos para garantizar el suministro eléctrico’. La dependencia energética de España será del 61% en 2030.
Aquí recuerda Paloma Martín que, como es bien sabido, las energías renovables, como la eólica o la solar fotovoltaica, no están en disposición de cubrir la demanda, al ser intermitentes, variables y no tener posibilidad de almacenamiento a gran escala.
A todas estas debilidades estructurales, responsabilidad en gran parte de un PSOE que se niega a usar carbón y a extender las licencias a las centrales nucleares españolas, se une el ‘fracaso’ del ‘tope del gas’ ideado para abaratar el precio de electricidad hasta un 40%. Sin embargo, desde que entró en vigor la denominada ‘excepción ibérica’ la factura de la luz ha subido.
Tampoco ha funcionado -continúa su misiva la consejera madrileña- el descuento de 20 céntimos en los combustibles. Ahora los precios que los españoles pagan por repostar son 31 céntimos más altos en el caso de la gasolina y 27 céntimos el diésel, según el Boletín petrolero de la UE del 27 de junio.
Paloma Martín afea a la ministra para la Transición Ecológica que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos no haya hecho como el gobierno socialdemócrata alemán, que ha decidido incrementar el mínimo personal y familiar en el IRPF o como el de Polonia, que ha optado por reducir los tipos impositivos en todos los tramos del IRPF, salvo en el máximo, incrementando también el tramo exento. Más a largo plazo, Francia construirá 14 nuevos reactores nucleares y alargará la vida de los existentes, Reino Unido triplicará su capacidad nuclear de 7GW a 24GW, y otros países como Finlandia, Polonia, República Checa, Bulgaria o Rumanía están poniendo en marcha proyectos de reactores modulares.
Agrega Martín que resulta muy difícil entender por qué el Gobierno de España se niega incluso a debatir la ampliación de la vida útil del parque nuclear existente, de vital importancia estratégica para España, a pesar de que ya en enero la Comisión Europea incluyó esta fuente de energía dentro de su taxonomía verde, pidiendo una inversión de medio billón de euros hasta 2050 para asegurar los objetivos de descarbonización. Decisión que, además, acaba de ser respaldada por el Parlamento Europeo.
La misiva de Paloma Martín termina con la ‘esperanza’ de que sus propuestas sean tenidas en cuenta en beneficio de los españoles. Pero no parece que vaya a tener éxito teniendo en cuenta que esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el marco general del banco de pruebas regulatorio para el fomento de la investigación y la innovación en el sector eléctrico. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya se ha mostrado contrario a la decisión de la Comisión Europea de incluir el gas y la energía nuclear en la denominada ‘taxonomía’ europea. El empeño del Ejecutivo es impulsar ‘el proceso de transición energética con la constante penetración de energías renovables en el sector eléctrico y avanzando hacia un sistema energético descarbonizado’. Y hacerlo cueste lo que cueste a los españoles…
