Hacienda estudia cómo pagar todo el IVA a las CCAA
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado hoy que está viendo cómo puede arreglar el desajuste producido por el cambio en el sistema de liquidación del IVA aprobado por el anterior Gobierno y que perjudica la financiación de las Comunidades Autónomas para 2019.
Montero ha criticado que el cambio normativo en la gestión del IVA que aprobó el Gobierno anterior en 2017 haya supuesto que la liquidación de este impuesto en 2019 sea inferior a la cifra inicialmente prevista por las Comunidades. Un aspecto sobre el que ya alertó cuando era consejera de Hacienda de Andalucía.
La puesta en marcha del Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA a partir de julio de 2017 elevó en diez días el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones para las empresas acogidas a este nuevo régimen. El límite se estableció en los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual. Este cambio normativo aprobado por el anterior gobierno provocó, en términos de caja, una menor recaudación de IVA para el año 2017, que afecta a la liquidación que se producirá en 2019.
Montero ha lamentado esta situación, que perjudica a todas las Comunidades Autónomas, y ha trasladado su compromiso de explorar una solución dialogada y multilateral. De hecho, el Ministerio de Hacienda viene trabajando desde el cambio de Gobierno en una propuesta que permita a las Comunidades Autónomas recuperar esos recursos. Actualmente, el departamento que dirige Montero está analizando los aspectos técnicos y jurídicos de la medida para revertir el efecto negativo que sobre las finanzas de las comunidades tendrá el próximo año el cambio en la gestión del IVA que aprobó el anterior Gobierno.
Durante una reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha pedido a Montero una solución rápida para una situación que afecta, dijo, no sólo a Galicia sino a las demás Comunidades. «Una solución para que el conjunto de regiones podamos presentar nuestras cuentas en septiembre con el 50% de las 12 mensualidades del IVA que legítimamente nos corresponde», precisó Feijóo antes de añadir que, de no resolverse, se produciría un enriquecimiento injusto por parte de la Administración general y una depreciación de los recursos autonómicos, garantizados en el sistema de financiación.
Tras aseverar que la solución pasa por una disposición en las Cortes o en el Consejo de Ministros, reponiendo el dinero que le corresponde a las regiones, Feijóo insistió en que estas no pueden asumir las consecuencias de una decisión «unilateral» que el Gobierno central tomó en su momento. En este sentido ha valorado la voluntad de la ministra de solucionar el problema: «Quedo con ese compromiso y con la convicción de que así lo hará», ha dicho.
Así mismo, el presidente de la Xunta ha recordado que la imposibilidad del actual Gobierno de aprobar en el Congreso la nueva senda de estabilidad presupuestaria impide al Ejecutivo gallego aprobar en tiempo y forma (en julio) el techo de gasto para 2019 y empezar a elaborar los presupuestos. Y, en relación a este asunto, ha expresado su deseo de que esta situación no se alargue mucho más «porque todos necesitamos tener una senda de techo de gasto cierta para poder elaborar un presupuesto cierto».
Otra de las materias que María Jesús Montero y Feijóo han abordado en su reunión ha sido la deuda de las CCAA. Al respecto, el presidente gallego ha recordado el compromiso de Pedro Sánchez de compensar a las Comunidades que, como Galicia, no recurrieron al Fondo de Liquidez Autonómico ni al Plan de Pago a Proveedores.
Feijóo ha agradecido a la ministra la confirmación de que este asunto está en la agenda del Ejecutivo con la intención de, después de las vacaciones, buscar la fórmula exacta para compensar, de la misma manera que se hizo en 2015, lo que se entiende técnicamente como la condonación de las liquidaciones negativas que para Galicia suponen 85 millones de euros al año.
Sobre el modelo de financiación autonómico, el responsable del Gobierno gallego ha trasladado su preocupación por que la reforma del sistema pueda quedar guardada en un cajón de forma indefinida. Y ha insistido en que la financiación no puede ser moneda de cambio de ninguna reivindicación identitaria: «No es para 17 comunidades sino para 48 millones de españoles y bajo esos principios tenemos que hablar».
Feijóo ha valorado la intención del Gobierno central de activar el grupo de trabajo sobre la insuficiencia de recursos para, primero, concretar que es lo que se necesita y cuál es la insuficiencia objetiva de recursos. Y respecto a Galicia ha recalcado el problema del envejecimiento, con seis puntos porcentuales de mayores más que la media de España, lo que supone un coste sanitario mayor.
El presidente de la Xunta ha incidido en que la mejora de la economía española tiene que notarse en las cuentas públicas estatales y en las de las Autonomías. En este sentido ha recordado que Galicia es una autonomía que contribuye a que la situación de España sea cada vez mejor: sin comprometer la estabilidad del país; siendo en julio la comunidad donde más bajó el paro; y cumpliendo, ejercicio tras ejercicio, sus obligaciones.
«Somos una autonomía responsable que contribuyó a la mejora de nuestro país. No tensionamos la Hacienda pública española; no solicitamos dinero para llegar a final de mes en estos 10 años; y cumplimos todas las reglas que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) adoptó», ha apuntado el presidente gallego, que ha hecho hincapié en que Galicia cumplió con los objetivos de estabilidad, con la necesidad de controlar los niveles de deuda, y hoy es la comunidad que menos se endeudó desde 2009; y con los pagos a proveedores.
El encuentro, al que han asistido la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y el consejero gallego de Hacienda, Valeriano Martínez, ha servido para limar las asperezas que surgieron la semana pasada después de que Feijóo acusase al actual Gobierno de escamotear 198 millones de euros a todos los gallegos.
María Jesús Montero ha destacado que el CPFF ya aprobó la constitución de un grupo de trabajo de perfil político para abordar la insuficiencia financiera de las Comunidades Autónomas, uno de los problemas estructurales del modelo.
Montero también ha recordado que las Comunidades Autónomas verán incrementados sus recursos en 2019. En concreto, las entregas a cuenta que se comunicaron en el pasado CPFF ascienden a 102.920 millones, un 7,23% más que en 2018. Si se incluye la liquidación del ejercicio 2017, los recursos totales suman 108.058 millones, un 4% adicional.
La ministra ha señalado también que la senda de estabilidad 2019-2021 que ha propuesto el Gobierno eleva el objetivo de déficit público del 1,3% al 1,8% del PIB para el próximo año. De esas cinco décimas adicionales, dos son para las Comunidades Autónomas, dos para la Seguridad Social y sólo una para la Administración Central.
En concreto, el objetivo para las Comunidades Autónomas en 2019 propuesto por Hacienda es del 0,3% frente al 0,1% del PIB fijado por el anterior Ejecutivo. Ello se traduce en un mayor margen para financiar servicios básicos como la sanidad o la educación.
