Es lo que opina Adicae, que esta mañana no ha asistido a la quinta reunión de la Comisión de Seguimiento de cláusulas suelo en protesta «por el fracaso de este mecanismo extrajudicial»
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A 28 de febrero del año en curso, 1.187.792 de personas habían presentado reclamaciones de devolución de cantidades cobradas indebidamente por cláusulas suelo, aquellas que la justicia europea anuló a finales de 2016 por abusivas [2].
Del total de solicitudes registradas, las entidades de crédito han resuelto 1.182.057 con el mecanismo establecido en 2017 para canalizar por vía extrajudicial los abusos cometidos por los bancos en los préstamos hipotecarios [3]. Tienen aún pendientes 5.735.
Del total de solicitudes resueltas, el 44,4% -unas 491.401- han sido estimadas por los bancos, el 34,8% han sido inadmitidas, el 19,8% de las solicitudes resueltas han sido desestimadas y en el 1% de los casos los clientes han «abandonado».
De las estimadas, el 93,5% finalizaron con acuerdo -de las cuales, el 87,8% se instrumentaron mediante devolución en efectivo-, el 1,6% sin acuerdo, y el resto (4,9%) está pendiente de respuesta por parte del cliente.
El importe total de las operaciones estimadas fue superior a 2.329 millones de euros, lo que supone un importe medio devuelto de 4.432,93 euros por cada solicitud estimada.
En el Ministerio de Economía entienden que todas estas cifras evidencian la reducción paulatina del número de reclamaciones presentadas por los ciudadanos.
No opinan lo mismo en la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros, que esta mañana no ha asistido a la quinta reunión de la Comisión de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas. Adicae reivindica «una solución justa y eficaz en la que la que no domine como ahora el criterio de la banca». Critica «la pasividad total del Banco de España y los ministerios de Justicia, Economía, y Sanidad y Consumo». Y expone que cualquier cosa que no sea pagar a cada afectado entre 10.000 y 12.000 euros no será justo para la Adicae.
Para la asociación que representa a cientos de afectados «la única solución solo puede ser un resarcimiento universal, colectivo y extrajudicial para todos los afectados». En este sentido, responsabilizan tanto al anterior gobierno de Mariano Rajoy como al actual de Pedro Sánchez de «permanecer impasibles e indiferentes a las cantidades ridículas que la banca paga a los afectados sin control ni supervisión alguna».
«El fracaso de la solución extrajudicial aboca a miles de afectados a acudir a los juzgados, que van con casi año y medio de retraso: a finales del año 2017 ya se habían registrado en toda España más de 150.000 demandas en los nuevos juzgados especializados [4]. Un año después tan solo se han resuelto 139.653 de las 399.427 que se han presentado hasta finales de marzo de 2019, es decir un tasa de resolución paupérrima del 35%. Este retraso es especialmente grave en las Comunidades más pobladas y con más asuntos ingresados: Madrid (26%), Cataluña (19%) y Andalucía (24%) están por debajo de la media nacional», detallan desde Adicae, que recuerda que de los 2,5 millones de afectados de cláusulas suelo, hay al menos un millón que no ha reclamado lo indebidamente cobrado ni por reclamación extrajudicial ni por vía judicial.
En esa vía judicial, se dictaron 30.744 sentencias en el primer trimestre del año, un 126,2% más que en el mismo periodo de 2018. El 96,32% de las 30.744 sentencias notificadas entre el 1 de enero y el 31 de marzo fueron favorables al cliente. El número de asuntos resueltos aumentó un 122,7% respecto al mismo trimestre del año anterior; ingresaron un 24% menos asuntos que hace un año.
Los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial indican que la tasa de resolución, que mide la relación entre asuntos ingresados y resueltos, fue del 82%. En los tres primeros meses de 2018 había sido del 28%.
En lo que va de 2019, estos órganos judiciales han resuelto una media de 12.583 asuntos al mes. Desde la puesta en marcha de los Juzgados especializados el 1 de junio de 2017, la tasa de resolución es del 35,1%, lo que supone 5 puntos porcentuales más que a 31 de diciembre de 2018, cuando era del 30,1%.