FSIE denuncia la desigualdad entre educación pública y concertada

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá (Foto: JM. Cuadrado)

El Sindicato Independiente de Enseñanza solicita al Ministerio de Educación que la carga lectiva sea análoga en todos los centros sostenidos con fondos públicos y para todos los profesores

El Anteproyecto de Ley «de mejora de las condiciones para el desempeño de la enseñanza en la educación no universitaria» aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre discrimina a los profesores de los colegios concertados.

Es lo que denuncia este lunes la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que ve en el anteproyecto socialista una clara marginación de los docentes de la enseñanza concertada, que, además, contraviene sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional.

FSIE explica que el texto ‘segrega’ a los profesores de los colegios concertados porque les excluye de las mejoras para ejercer la docencia pero se les aplican los mismos recortes que a los funcionarios. Así es como la ministra de Educación, Isabel Celaá, quiere acabar con la educación concertada en España.

El sindicato insiste en que el Anteproyecto permite que las administraciones públicas puedan reducir la carga lectiva del profesorado, que en el caso de Secundaria puede llegar hasta las 18 horas lectivas semanales, pero solo en los centros públicos. Esto supone que, por el contrario, en los centros concertados la carga lectiva para todos los docentes seguirá siendo de 25 horas lectivas con el agravante de unos salarios sustancialmente inferiores.

FSIE defiende que la carga lectiva debe ser igual para todos los docentes de centros sostenidos con fondos públicos. Por esta razón, el pasado día 18 de septiembre el sindicato presentó una enmienda en la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado que fue incluida en el informe que se presenta al Pleno este martes, 2 de octubre, para su votación.

Desde la organización sindical recuerdan que la homogeneidad -igualdad- en la gestión de centros sostenidos con fondos públicos es un principio sobre el que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado con anterioridad. En concreto, en dos sentencias (26 y 54) dictadas en 2016 en las que indica que «regular la dedicación del profesorado a la docencia en términos cuantitativos no resulta ajena a las competencias del Estado y que, siendo el sistema educativo único en todo el territorio nacional, el ejercicio de la tarea docente dentro de la jornada laboral del profesorado requiere un tratamiento mínimamente homogéneo en los centros sostenidos con fondos públicos».

En esta línea la enmienda presentada por FSIE propone que «las Administraciones Públicas impulsarán y adoptarán las medidas necesarias para que, junto con la negociación colectiva, se posibilite que la carga lectiva semanal de los docentes sea análoga en los centros sostenidos con fondos públicos».

El 24 de septiembre, 10 días después de que el Consejo de Ministros aprobase el anteproyecto de ley con el que pretende revertir los «recortes educativos introducidos por el Gobierno del Partido Popular en 2012», el sindicato de profesores presentó un escrito directamente en el Ministerio de Educación y Formación Profesional de Isabel Celaá solicitando que se garantice que la carga lectiva del profesorado sea igual para los profesores «de la enseñanza concertada y de la pública».

«De no ser así se estarían incrementando las desigualdades entre los profesionales de centros sostenidos con fondos públicos y privando a parte de éstos de mejoras esenciales para el correcto desempeño de su labor», señala el secretario general de FSIE, Javier Muñoyerro, que apunta que estas desigualdades recuerdan «la importancia de impulsar una Ley de la Función Docente que evitaría que se produjeran discriminaciones como ésta».

La nueva norma, desarrollada por el departamento de Celaá tiene un artículo único y contempla suprimir tres medidas: el aumento obligatorio de la jornada lectiva de los docentes (como mínimo de 25 horas, en infantil y primaria, y de 20, en secundaria), la posibilidad de elevar hasta un 20 % las ratios máximas de alumnos por aula y la espera de 10 días lectivos para nombrar a funcionarios interinos que sustituyan a profesores titulares de baja.

El Anteproyecto de Ley expone que, puesto que las medidas adoptadas en 2012 por el PP se tomaron por la coyuntura económica del momento, la favorable evolución de la situación económica del país aconseja su revisión.

La ministra Celaá mostró, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el texto, «la felicidad» de poder transmitir «la reversión de recortes de la LOMCE en lo que se refiere, tanto a las ratios en las aulas, como la carga docente directa, que ha venido siendo históricamente de 18 y en 2012 se elevó a 20 en los casos de secundaria, y a 25 en vez de a 21 en los casos de primaria».

Celaá explicó que con el anteproyecto «hacemos que las Comunidades Autónomas, es decir, los centros educativos, no incrementen el 20% del número de alumnos en las aulas; devolvemos a las Comunidades Autónomas su capacidad autonormativa para decidir cuál es la atribución de docencia directa que han de tener sus profesionales; e impedimos que un funcionario, o un profesional, sea sustituido a partir de los 10 días».

La ministra adelantó que la nueva norma entrará en vigor en el curso 2019/2020 «porque no podía entrar este curso, no había tiempo material». Celaá explicó que cuando el Gabinete de Pedro Sánchez llegó al Gobierno ya era junio y todos los centros educativos tenían su propia planificación establecida de acuerdo a la legislación vigente en ese momento. «Así que, finalizó, su entrada en vigor será para el curso 2019/2020, con excepción del número de días para sustituciones que entrará en vigor en el momento que la Ley sea publicada».

Preguntada por el coste que suponen los cambios normativos, la ministra señaló que «muchas Comunidades Autónomas ya han ido revertiendo algunos de los recortes» aplicados en 2012 por la crisis. Para el resto, avanzó, será «enjugado por los nuevos Presupuestos 2019».

Unos días antes, en la Comisión de Educación del Congreso, Celaá afirmó que «los servicios públicos no pueden ofrecerse a la ciudadanía a la carta. Debe existir un uso racional de los medios», dijo. Fue a primeros de septiembre cuando la ministra anunció que el Ejecutivo de Pedro Sánchez retiraría «el requisito de la demanda social» del artículo 109.2 de la LOMCE. Dicho artículo impide reducir plazas de los centros concertados por capricho de la Administración autonómica. Además, garantiza a los padres el derecho a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos amparado en el artículo 27 de la Constitución Española.

Pero como aseveró Celaá en el Congreso «la educación pública es el eje vertebrador del Sistema, porque el poder público tiene el deber insustituible de garantizar el derecho a la educación. La concertada puede estar o dejar de estar»…