¿Evitará la regla de gasto futuras quiebras y rescates?
Los cálculos de la AIReF son los que son
La deuda de las administraciones públicas podría ser casi 30 puntos inferior de haberse aplicado antes este sistema
La regla de gasto es un sistema implementado por el actual Gobierno que trata de garantizar la sostenibilidad de la cuentas públicas al impedir que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia del PIB.
En realidad, es un instrumento de disciplina presupuestaria que limita el crecimiento del gasto de las Administraciones Públicas (AAPP) a la capacidad de financiarlo con ingresos estables y sostenidos en el tiempo. Es decir, reduce el gasto en época de bonanza y suaviza el ajuste cuando se frena el crecimiento. Hacienda exige su cumplimiento a Autonomías, Ayuntamientos y al propio Estado.
De acuerdo con esta filosofía, la regla impide que el gasto público crezca anualmente por encima de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española, generando un mayor superávit en periodos de expansión y actuando como estabilizador cíclico en época de crisis.
La actual regla de gasto aparece con la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas (LOEPSF) y se aplica por primera vez en el ejercicio 2013, después de. En su artículo 12 dice que «la variación del gasto computable de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española».
En un documento sobre la regla de gasto y la sostenibilidad de las finanzas públicas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) observa que la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) podría haber sido casi 30 puntos inferior en 2014 de haberse aplicado dicha regla. O lo que es lo mismo, la deuda de las AAPP en 2014 podría haberse situado en torno al 70% frente al 99% registrado si se hubiese aplicado la regla de gasto.
Pero el intenso proceso de consolidación fiscal ha hecho imposible aplicar la regla de gasto porque el cumplimiento de los objetivos anuales de déficit ha impuesto una reducción del gasto público mucho más exigente para la mayoría de las AAPP.
Sin embargo, esta situación está cambiando a medida que las AAPP se aproximan al equilibrio presupuestario, como es ya el caso de numerosas administraciones locales y alguna comunidad autónoma. Eso no significa que los gobiernos autonómicos y los alcaldes puedan volver a gastar a mansalva. La regla de gasto evita que en épocas de crecimiento, ante un aumento importante de los ingresos, las AAPP puedan elevar el gasto. En estos casos, la regla de gasto limita el aumento del gasto, por lo que se generaría un mayor superávit (o menor déficit).
De esta manera se proporciona un “colchón” a las AAPP que mejorará su posición fiscal de partida a la hora de afrontar futuras crisis. El gasto de las Administraciones españolas creció por encima de lo que hubiera permitido una regla de gasto en el período de expansión previo a la crisis de 2008.
En concreto, desde 2006 hasta 2011, la aplicación estricta de esta regla habría propiciado una mejora del saldo del sector público del 3% de media cada año -un 18% en 6 años-, según las estimaciones de la AIReF.
Sin embargo, el año pasado siete de las diecisiete Autonomías (Cataluña, Madrid, Canarias, Extremadura, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana) incrementaron su gasto computable hasta el 2%, cuando la tasa límite fijada fue del 1,5%. Además algunas de ellas incumplen el objetivo de déficit y deuda. Lo mismo pasa en los Ayuntamientos, entre ellos los de Madrid, Barcelona o Valencia.
La regla de gasto aprobada por el Gobierno para 2016 es del 1,8%, aunque algunas Administraciones prevén ya en sus presupuestos gastos superiores, de hasta el 2,5%, según advierte el informe. Un último dato: de haberse aplicado la regla de gasto desde 2002 la deuda pública del conjunto de las administraciones públicas se habría reducido en unos 300.000 millones…
España es el séptimo país de la UE con mayor nivel de deuda pública
