ETA expulsó del País Vasco a más de 60.000 personas en 30 años
Una de las muchas pintadas a favor de ETA que hay en San Sebastián (Foto: Covite.org)
Dignidad y Justicia pide a la Audiencia Nacional que lo investigue
La asociación Dignidad y Justicia ha interpuesto una querella ante la Audiencia Nacional (AN) contra una decena de jefes de la banda terrorista ETA por las coacciones y posterior asesinato del concejal del Partido Popular de Durango Jesús María Pedrosa Urquiza.
El edil popular sufrió una intensa campaña de amenazas terroristas que le exigían abandonar el País Vasco y al no hacerlo ETA lo asesinó.
La querella solicita a la AN que investigue a los responsables de ETA por las miles de expulsiones forzosas -entre 60.000 y 200.000 según el Instituto Vasco de Criminología- que se produjeron entre 1997 y 2011 en el País Vasco. Fueron cientos las familias que no comulgaban con los postulados terroristas y que no pudieron soportar las amenazas terroristas y el miedo causado por los asesinatos y atentados etarras.
La querella se apoya en el denominado delito de comisión permanente, que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, contempla que los delitos lo son desde que comienzan a consumarse hasta que concluyen. Aquí es donde encaja el delito de expulsión forzada, ya que todos aquellos que salieron del País Vasco a causa de las amenazas de ETA han vivido fuera durante años y sufriendo las consecuencias del delito.
La querella sitúa la investigación entre 1977, cuando la banda comenzó a matar, y el 20 de octubre de 2011, día en el que anunció el ‘abandono de la lucha armada’. Ese último año, sostiene el abogado de las víctimas, es cuando empieza a contar el plazo de prescripción. Añade, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que a estos delitos permanentes debe aplicarse el último Código Penal vigente, que recoge el delito de lesa humanidad introducido por el ordenamiento jurídico español en 2004.
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, espera que esta iniciativa sirva para arreglar la política contradictoria del actual y de anteriores gobiernos de España, que se han preocupado más por los etarras que por sus víctimas. ‘No es de recibo que desde hace años el Ejecutivo esté acercando presos de ETA al País Vasco y no haga nada por promover que los miles de expulsados víctimas de la banda regresen a sus casas de las que nunca tuvieron que haberse ido’, reclama Portero.
‘El Gobierno de España tiene muy concretos y claros deberes internacionales, deberes positivos reconocidos por Naciones Unidas sobre las medidas que pueden ayudar a acercar a expulsados, a los que el Estado está obligado a ofrecerles distintas opciones’, recuerda Portero, que considera que esto no es solo un asunto moral, sino también un ‘deber jurídico’.
