España pierde 190.000 millones al año por culpa de la economía sumergida
El empleo «negro» es un cáncer
La economía sumergida y el empleo no declarado en España representan un 18,6% de Producto Interior Bruto (PIB), es decir, más de 190.000 millones de euros, lo que duplica las tasas de otros países del entorno europeo como Francia o Reino Unido, ambas por debajo del 10%.
Según datos de la OCDE recogidos en el informe Flexibilidad en el trabajo elaborado por Randstad, en el ámbito internacional más de 1.800 millones de personas están empleadas en esta situación, lo que representa un 60% del total de trabajadores (3.000 millones).
El informe estudia, además, las consecuencias del empleo sumergido en el mercado laboral europeo de cara a las próximas décadas. En 2013, según los datos de Eurostat, hay 336 millones de personas en edad de trabajar en Europa, una cifra que descenderá un 6% en 2030, según las previsiones del estudio. Paralelamente, hay en la Unión Europea un 27% de personas que, por edad u otras circunstancias, no pueden trabajar. Una tasa que en 2030 alcanzará el 39% en Europa, con la consecuente inversión en políticas de bienestar que conlleva esta cifra de personas que no pueden contribuir a la recaudación fiscal por medio del empleo.
Este dato, además, se debe poner en contexto con el envejecimiento progresivo de la población activa y el mantenimiento del estado del bienestar.
Economía sumergida en el mundo
Los analistas de Randstad advierten que la corrupción influye en el empleo no declarado. «A niveles más altos de corrupción en el sector público, mayor presencia del trabajo no declarado en el mercado laboral», dicen. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las cargas impositivas o fiscales, que, a su juicio, no tienen relación directa con el volumen de economía sumergida, al contrario de lo que afirman los defensores de la postura liberal expuesta en el informe.
El estudio propone, para disminuir el empleo no declarado, más políticas de protección, más facilidad para recurrir al empleo temporal y a las empresas de trabajo temporal y altos niveles de protección social. Y aboga por fomentar las agencias de empleo. Porque, dicen, «los países donde estos servicios están regulados de manera más eficiente presentan menores tasas de economía sumergida». Opinión distinta a la de algunas formaciones políticas, como Izquierda Unida, que ha pedido la supresión de las ATT.
