Escrivá excluye a miles de autónomos de la moratoria
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprueba una orden para 12 sectores económicos
Muchos autónomos que no han llegado a perder el 75% de sus ingresos no podrán acogerse a la moratoria
En Madrid el coste de los alquileres comerciales puede suponer un gasto mensual entre 800 y 1.000 millones de euros
Una Orden dictada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá restringe la posibilidad de que miles de autónomos puedan acogerse a la moratoria de cuotas a la Seguridad Social.
La orden ministerial publicada en el BOE de ayer y que puede leer aquí acota a solo 12 sectores económicos (entre ellos, los del comercio, actividades agrícolas, carpintería, odontología, publicidad y artes gráficas, o peluquería y belleza), la posibilidad de beneficiarse de una medida que aliviaría contundentemente el nivel de tesorería de estos ‘héroes’.
Los autónomos, unos 3,5 millones en España, pueden acceder a la ‘prestación extraordinaria’ siempre y cuando demuestren que han sufrido una reducción del 75% de sus ingresos. Pero esto sólo ha beneficiado a algo más de un millón, dejando sin nada al resto que esperaba, al menos, que les eximiesen de pagar las aportaciones empresariales a las cotizaciones sociales.
Pero no. El titular de Seguridad Social ha acotado esta ‘ayuda’ a sólo una serie de actividades que deja en el limbo a miles de pequeños y medianos empresarios que llevan ya más de un mes y medio con las persianas bajadas. Estos, que no han podido demostrar pérdidas por valor del 75%, tendrán que seguir pagando la cuota de la seguridad social a pesar de estar atravesando serias dificultades. Hay que recordar que a todos los autónomos ya se les cobró íntegra la cuota de marzo a pesar de estar 15 días parados.
Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) lamentan la actitud de Escrivá con quien, además, han mantenido varias conversaciones -la última vez, en una reunión el pasado día 19 de abril-. Por ello le aconsejan que no les vuelvan a excluir del diálogo y rectifique la Orden Ministerial.
‘De poco sirve que el Gobierno hable de grandes acuerdos de reconstrucción, de mesas del trabajo autónomo o de comisiones interministeriales, si el titular de Seguridad Social luego no quiere compartir la concreción de las decisiones’, reprochan.
En este contexto, mañana la ya ‘desacreditada’ Seguridad Social volverá a cobrar la cuota de autónomos a todos aquellos que no tienen reconocida la prestación extraordinaria, lo que era fácilmente evitable.
También UPTA exige la modificación urgente de los requisitos para que los autónomos puedan acogerse a la moratoria en el pago de alquileres de viviendas, locales, créditos hipotecarios, préstamos bancarios y bono social. Eduardo Abad califica de ‘totalmente incongruente’ que para poder acceder a ese aplazamiento se exija como requisito el certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de cada Comunidad Autónoma de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
‘Exige darse de baja en Hacienda y, por ende, también en la Seguridad Social, pero si para acogerse a las moratorias se exige el cierre, resulta imposible cumplir con los acuerdos de reestructuración y pago aplazado de las deudas que se deriven entre las partes’, explica.
En este punto conviene destacar que, según datos del Ayuntamiento de Madrid, existen hoy en día en la capital algo más de 200.000 locales comerciales, oficinas y despachos profesionales, en su gran mayoría cerrados por el estado de alarma, que siguen afrontando el enorme coste económico que supone el alquiler.
Estimando una franja de entre 2.000 a 25.000 euros el importe de los alquileres más comunes en Madrid, el coste de estas rentas comerciales puede suponer un gasto mensual entre 800 y 1.000 millones de euros. Un montante que asfixia a unas pymes madrileñas que ya están sufriendo pérdidas de más de 5.600 millones de euros.
La falta de decisiones políticas sobre la condonación de los alquileres de las instalaciones y locales de las pymes y autónomos que siguen sin actividad se está convirtiendo en un auténtico cuello de botella que puede marcar la ruina de sus negocios.
El colectivo SOS PYMES CORONAVIRUS considera necesario suprimir el pago de los alquileres mientras la actividad siga paralizada. Sólo así se evitará la descapitalización de las pymes y se garantizará la supervivencia de las empresas y su capacidad para afrontar la desescalada anunciada ayer por Pedro Sánchez.
La plataforma propone suprimir el pago de las rentas del alquiler durante el periodo de alarma nacional por fuerza mayor y ampliar la duración del contrato de alquiler por un periodo de tiempo equivalente a la duración del estado de alarma. De esta forma se garantiza el pago de las rentas y se asegura que la duración del contrato cubra el periodo de amortización de la inversión realizada para el acondicionamiento del local. ‘Hay que tener en cuenta que los meses en los que no ha habido actividad no se pueden computar como periodo de amortización’, recalcan.
En cuanto a las pérdidas económicas que esta situación está provocando a las pymes y autónomos madrileños, destacan que el 80% de los encuestados pierde de media 21.000 euros al mes, y un 20% llega a perder más de 200.000 euros euros. Además, el 42,64% de los pequeños negocios y autónomos señala que perderán más de un 50% de su facturación en comparación con el mismo periodo de 2019.
