Ingresan en prisión los primeros implicados en la Operación Púnica contra la corrupción
Gonzalo Cubas Navarro
Los alcaldes de Parla y Torrejón entran en prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros
Este jueves el juez tomará declaración al ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió ayer a prisión eludible bajo una fianza de 60.000 euros a los alcaldes de los ayuntamientos madrileños de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas Navarro, del PP, y de Parla, José María Fraile, del PSOE, detenidos en la operación Púnica abierta contra una trama de corrupción municipal y regional.
Velasco tomó ayer declaración a doce de los 35 detenidos, y también dictó prisión bajo fianza de 60.000 euros para el jefe de gabinete de Fraile, Antonio Borrego, y de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, al que sitúa como testaferro de David Marjaliza, el socio del ex consejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados.
Asimismo, dictó libertad bajo una fianza de 40.000 euros para el alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y de 20.000 euros para Avelino Pérez, asesor de Izquierda Unida en la Concejalía de Sostenibilidad, Obras y Mantenimiento del Ayuntamiento de Parla, y les da diez días para pagarlas.
El magistrado ha dejado en libertad con cargos al alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz; el consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico municipal de Serranillos del Valle Marco Durán, el empresario Francisco Ruiz Valenzuela y el concejal de Medio Ambiente de Móstoles, Alejandro de Utrilla.
El juez tomará hoy declaración al ex consejero madrileño Francisco Granados, así como al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y a otros quince detenidos en la operación Púnica.
En el auto en el que dicta el ingreso en prisión bajo fianza de cuatro de los detenidos Velasco califica la red desarticulada como una «trama organizada con reparto de roles» que logró obtener de manera irregular la adjudicación de contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones. En la ejecución y facturación de estos contratos, indica el juez, «las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo».
El juez explica que la trama se destapó gracias a la información que envió Suiza a las autoridades españolas sobre «varias cuentas» en un banco de ese país a nombre del ex consejero Francisco Granados y de su mujer, María Nieves Alarcón, así como de su socio David Marjaliza y la mujer de éste, Adela Cubas Navarro.
