El TS aprecia vulneración de derechos en la falta de EPIs
Dos agentes de la Ertzaintza en un despliegue policial
El Tribunal Supremo resuelve dos recursos interpuestos por los sanitarios del Servicio Vasco Salud y los agentes de la Ertzaintza que se han enfrentado al COVID-19 sin las mínimas medidas de seguridad
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que aprecia vulneración de los derechos fundamentales de los miembros del Servicio Vasco Salud y de los agentes de la Ertzaintza que tuvieron que enfrentarse al COVID-19 en los primeros meses de pandemia sin los correspondientes equipos de protección individual (EPI).
El alto tribunal ha examinado dos recursos de casación interpuestos por sindicatos del Servicio Vasco de Salud y de la Ertzaintza. Y por unanimidad ratifica las sentencias recurridas dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que habían considerado lesionados los mencionados derechos fundamentales de los sanitarios y los ertzainas.
Aprovecha el Supremo para reafirmar su propia competencia en materia de prevención de riesgos laborales para el personal laboral, estatutario y funcionarial de las Administraciones Públicas y, en concreto, del Servicio Vasco de Salud y de la Ertzaintza.
También considera adecuado el proceso de tutela de derechos fundamentales, en concreto a la vida y a la integridad física, por las extraordinarias circunstancias en las que el personal sanitario y la policía han tenido que efectuar su trabajo durante el periodo inicial de la pandemia.
Y reconoce a los sindicatos la suficiente legitimación para solicitar la tutela de dichos derechos fundamentales dado que los posibles afectados constituyen un grupo de personas genérico e indeterminado.
Esta sentencia, que ya puede leer aquí, puede marcar el camino a los que acusan al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos de haber ocultado información sobre la importancia de la pandemia y de no haber adoptado todas las medidas necesarias para impedir la infección y muerte de miles de españoles. Hasta ahora había sido algún Tribunal Superior de Justicia, como el de Aragón, el que había responsabilizado directamente a un gobierno autonómico de no proporcionar a los trabajadores públicos los equipos necesarios para enfrentarse a la pandemia. Pero esta sentencia del Supremo, que se conocerá íntegramente en unos días, puede suponer un antes y un después en este delicado asunto.
