El Tribunal de Cuentas ordena embargar la casa de Mas por el 9-N
Artur Mas en una imagen tomada en La Moncloa en 2012
Y el juez recurre al 155 para que el Gobierno exija a la Generalitat aclarar el coste del 1-O
El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de la vivienda que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas dispuso para cubrir parte de la fianza de 5,2 millones de euros que le impuso por el dinero público empleado para organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau y el ex secretario general de Presidencia Jordi Vilajoana depositaron el pasado 23 de noviembre varios inmuebles como garantía para cubrir la totalidad de la fianza.
La instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado ahora a los Registros de la Propiedad competentes que procedan a ejecutar el embargo provisional de estos inmuebles.
Tras conocer la decisión del Tribunal de Cuentas, el ex presidente de la Generalitat Artur Mas dijo ayer que de esta manera se intenta poner a los autores de aquella consulta en el proceso penal del 1-O.
Precisamente, el juez de Barcelona que investiga los preparativos del referéndum del pasado 1 de octubre ha recurrido al artículo 155 de la Constitución para pedir a los ministerios de Economía y Hacienda que den las «órdenes oportunas» para que la Generalitat aclare el coste del referéndum ilegal.
El magistrado requirió el pasado 30 de octubre a la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat, cuando su titular Oriol Junqueras ya había sido destituido, que desglosara el coste del referéndum del 1-O.
Ahora el juez pide al Gobierno que se detallen los costes relativos al «traslado y estancia de los distintos observadores internacionales invitados» para verificar los resultados del referéndum, así como los pagos al personal empleado para llevar a cabo la consulta. El juez quiere también saber cuánto costó el acto de inicio de campaña del referéndum que JxS y la CUP celebraron en la antigua plaza de toros de Tarragona.
Y mientras, en Bruselas, el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirmó ayer que «sin ninguna duda» volverá a Cataluña si la decisión de los catalanes es que sea investido president. En una rueda de prensa ofrecida por videoconferencia desde Bruselas por la Agència Catalana de Noticies (ACN), dijo que correrá el riesgo de ser detenido.
El candidato de Junts per Catalunya admitió que le gustaría volver a Cataluña antes del 21-D pero remarcó que no depende de él, ya que su arresto seguro le condiciona. En estas circunstancias considera que estando en Bélgica cumple con «el deber de defender la validez de la institución» que representa y que ha sido, a su juicio, «ilícitamente e ilegalmente destituida».
Puigdemont califica de «fantasía de arquitectura política» el caso judicial abierto en el Tribunal Supremo por el proceso soberanista y exige su retirada. «Si insisten en la vía penal, no hay forma de arreglarlo», añadió.
A pesar de las críticas vertidas desde Bélgica por Puigdemont, el juez Llarena mantiene a Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, en prisión
