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El Tribunal de Cuentas acepta devolver 2,1M a los golpistas

Enriqueta Chicano Jávega

Desde que Enriqueta Chicano Jávega llegó a la presidencia del Tribunal de Cuentas los ‘golpistas’ lo han tenido más fácil… (Foto: THRibune)

Es la fianza con la que ERC avaló los gastos en ‘acción exterior’ ocasionados en las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat

Los independentistas catalanes gastaron millones de euros de dinero público en ‘acción exterior’. Con la excusa de ‘vender’ internacionalmente la independencia de Cataluña, los supremacistas desviaron fondos hacia las denominadas ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat, un ente público que el Tribunal Supremo ordenó cerrar en febrero de 2018.

Cuando el Tribunal de Cuentas cifró en 5,4 millones de euros el dinero malversado por los ‘golpistas’ la Generalitat decidió, para que éstos no tuvieran que sufragar el ‘golpe’ con su propio dinero, avalarles a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), un hecho al que, en principio, el organismo se opuso puesto que no era legal avalar el desvío de fondos públicos con más dinero público.

Unos meses más tarde, la instructora del caso rechazó el aval público ofrecido por los golpistas y estos tuvieron que entregar el dinero para evitar ser embargados.

No fue hasta el pasado mes de febrero cuando, después del pacto alcanzado entre el PSOE y el PP liderado entonces por Pablo Casado para renovar algunos órganos constitucionales, el ‘nuevo’ Tribunal de Cuentas dio la orden de aceptar como legales los avales del ICF.

Hoy, el Departamento 2º de Enjuiciamiento ha estimado la solicitud de sustituir las medidas cautelares presentada por Raúl Romeva, uno de los condenados por el Tribunal Supremo por sedición y desvío de fondos públicos para el denominado ‘procés’, lo que implica la devolución del depósito en efectivo constituido por ERC en la fase de actuaciones previas por importe de 2.136.164,45.

Como recuerda el comunicado emitido por el Tribunal de Cuentas, en un primer momento tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular ejercida por Sociedad Civil Catalana se opusieron a aceptar este aval del ICF. Pero todo cambió en la vista celebrada el pasado 12 de julio, cuando el Ministerio Fiscal (‘¿La Fiscalía de quién depende, de quién depende?‘) modificó su posición inicial y se avino a que el Instituto Catalán de Finanzas sirviese como aval de los golpistas.

En su auto el Tribunal de Cuentas estima la solicitud del ex consejero de Esquerra Republicana por dos motivos:

Por un lado, porque está obligado a aplicar lo dispuesto en el auto de la Sala de Justicia de 8 de julio de 2022, que, a pesar de contar con un voto particular discrepante de la posición mayoritaria, ha admitido los avales del ‘Instituto Catalán de Finanzas’ (ICF) como garantía de las responsabilidades previas y provisionales determinadas en la fase de actuaciones previas.

Y, por otro lado, porque se ha comprobado que los 9 avales del ICF ofrecidos por los demandados afectados a fin de sustituir el depósito de efectivo constituido por ERC cumplen los requisitos legales establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Esto es, con la medida cautelar sustitutoria (los 9 avales del ICF) se sigue garantizando la efectividad de una sentencia estimatoria de las pretensiones de los demandantes (Sociedad Civil Catalana y Ministerio Fiscal) por cuanto dichos avales cumplen con los siguientes requisitos legales: son suficientes, tienen carácter solidario y duración indefinida y son pagaderos a primer requerimiento.

En concreto, se comprueba que la cantidad total reclamada a Raúl Romeva en la demanda interpuesta por Sociedad Civil Catalana asciende a 939.797,80 euros; mientras que, en la demanda del Ministerio Fiscal asciende a 1.390.452,08 euros. Y, por otro lado, que la cantidad total máxima garantizada por la suma de los 9 avales del ICF otorgados a aquellos concretos demandados que han pedido expresamente la sustitución del depósito constituido por ERC por los avales que el ICF les ha otorgado individualmente, asciende a 1.400.766,13 euros.

Contra este auto de 19 de julio de 2022 no cabe interponer recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el artículo 747.2 de la LEC.

Además del dinero malversado en las mal llamadas ‘embajadas catalanas’, el Tribunal de Cuentas también reclama 4,1 millones de euros por el dinero público desviado por el Govern independentista para la organización del golpe del 1 de octubre de 2017.

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