El Supremo decidirá si VOX puede manifestarse en Cataluña
Santiago Abascal, presidente de VOX, en imagen de archivo
VOX ha convocado manifestaciones en coche contra el Gobierno en todas las capitales de provincia de España para el 23 de mayo
La mayoría han sido permitidas pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ‘pasa’ al Supremo la decisión sobre si la formación de Santiago Abascal puede protestar en Cataluña
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid dice no tener competencia para resolver los recursos presentados por VOX contra los acuerdos por los que el Ministerio del Interior ha prohibido las manifestaciones convocadas por la formación liderada por Santiago Abascal para el próximo 23 de mayo en las cuatro provincias catalanas.
El Gobierno ha autorizado a VOX manifestarse en coche en Cáceres, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Guadalajara o La Coruña pero no en Madrid, Castilla y León y Cataluña.
La que es la tercera fuerza parlamentaria de España ha anunciado que los manifestantes acudirán a las protestas en sus propios coches y protegidos con mascarillas pero en algunos casos se han prohibido alegando que ‘puede suponer un riesgo sobre la integridad física tanto de los participantes como de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por la acumulación de personas’.
Ahora, los magistrados del TSJ madrileño han acordado remitir con carácter de urgencia las actuaciones, sin más trámite, al Tribunal Supremo, al considerar que es su Sala Tercera la que tiene la competencia objetiva, pues los recursos se interponen frente a un acto de una autoridad delegada del Gobierno que, como tal acto producido por delegación, debe entenderse adoptado por el órgano delegante del Gobierno de la Nación.
En muy estrecha relación con esto de las manifestaciones la Fundación Villacisneros ha denunciado este miércoles al delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, por permitir el pasado 14 de mayo en Pamplona una concentración de apoyo al terrorista de ETA Patxi Ruiz que asesinó al concejal de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Tomás Caballero.
En opinión del presidente de la Fundación, Iñigo Gómez-Pineda, esta manifestación supuso ‘una humillación evidente a las víctimas del terrorismo por la omisión de la obligación del Gobierno de evitar estos actos (así lo dice el artículo 61 de la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo)’. Va más allá Gómez-Pineda al decir que permitir esta concentración es ‘más que un acto de cobardía porque supone incumplir la obligación de asumir la defensa de la dignidad de las víctimas que la Ley encomienda al Estado y de manera singular en esta materia a los Delegados del Gobierno’.
Por todo ello, solicita también al juez que ‘investigue el desarrollo del acto celebrado y que efectúe la oportuna instrucción para depurar las responsabilidades penales a que hubiere lugar’.
