El Supremo condena al Estado a pagar a las CCAA el IVA de 2017
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha negado en reiteradas ocasiones a pagar el IVA de diciembre de 2017 (Foto: Borja Puig de la Bellacasa)
El tribunal falla a favor del recurso interpuesto por Castilla y León, que reclama 182 millones de euros por un mes del IVA no abonado en la liquidación correspondiente
Esta resolución judicial afecta a los recursos de las demás Comunidades Autónomas en idéntica situación, lo que supondrá para el Estado abonar hasta 4.150 millones de euros
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que reconoce el derecho de la Junta de Castilla y León a cobrar del Estado 182 millones de euros debidos por la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA.
Es el primer recurso que el Supremo resuelve sobre este asunto en el que están implicadas todas las comunidades autónomas, pues todas se vieron perjudicadas por la implantación del Suministro de Información Inmediata (SII) del Real Decreto 596/2016 que provocó, como señalan en su resolución los magistrados, el ‘desfase financiero’ correspondiente al IVA de un mes de 2017.
En el caso concreto de la Junta de Castilla y León este desfase supuso una pérdida efectiva de 120,49 millones de euros a los que hay que sumar otros 61,51 millones de euros correspondientes a 30,98 millones del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación.
Han sido muchas las reclamaciones realizadas por las distintas autoridades regionales al Gobierno, que vulneró ‘el derecho a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma’. Sobre todo después de que el propio proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 incorporó un artículo que posibilitaba que en dicho ejercicio se imputasen en términos de caja los ingresos correspondientes a trece mensualidades, para compensar la mensualidad dejada de percibir, proyecto que al final no resultó aprobado por el Parlamento.
Los servicios jurídicos del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco remarcaron en su recurso que, al final, los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las Comunidades Autónomas, lo que, lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado. Así lo reconoce la sentencia al señalar ‘produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado’.
El Supremo indica en su resolución, que puede leer aquí, que la concreta cantidad a pagar vendrá en todo caso dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades, esto es, incluyendo la correspondiente al mes de 2017.
Como señalan los servicios jurídicos de la Consejería castellano leonesa, esta sentencia recoge expresamente en su fundamento de derecho segundo que la AEAT, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cifra el dinero correspondiente al mes de diciembre de 2017 en 4.150 millones, que, si se generalizan las reclamaciones y sentencias del resto de Comunidades Autónomas de régimen común igualmente afectadas, tendría que abonar el Estado.
La Comunidad de Madrid reclama al Estado 377 millones de euros por este concepto
También en febrero del año pasado Aragón se sumó a Galicia para reclamar la parte del IVA no cobrado
