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El Supremo anula el nombramiento de dos altos cargos de Belarra

Ione Belarra

La titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tendrá que elegir a otros dos directores generales (Foto: Fernando Calvo)

La ministra de Unidas Podemos nombró para su equipo a dos personas sin la categoría suficiente para ocupar el cargo

El Tribunal Supremo ha anulado los nombramientos ‘a dedo’ de dos directores generales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra.

El Supremo asegura que los designados no tienen la categoría profesional necesaria para desempeñar el cargo.

Se trata de la directora general del Instituto de la Juventud, María Teresa Pérez, y el director general de Políticas Palanca de la Agenda 2030, Gabriel Castañares.

La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) recurrió los nombramientos de 35 de los 133 nuevos directores generales que nombraron los 22 ministros de Pedro Sánchez y que no eran, como exige la ley, funcionarios. Y este viernes el Tribunal Supremo ha tumbado el nombramiento de Pérez y Castañares.

Según el Portal de Transparencia, María Teresa Pérez, nombrada directora general del INJUVE, es graduada en Periodismo. Tiene un máster propio en Política Mediática, especialidad en ‘Mapas y herramientas para una nueva cultura de ciudadanía’ y otro máster propio en Reporterismo de Televisión. Además, cuenta con certificación de Técnico en Comunicación de crisis. Ninguno de ellos tiene relación alguna con el ámbito de actuación del Instituto. En el ámbito público ha sido diputada y asesora en el equipo de Análisis Político, Estrategias y Marcos de la Secretaría General de Podemos. Como periodista, ha sido redactora en el departamento EFE TV de la Agencia EFE y en la sección de Desayunos Informativos de la Agencia Europa Press. Además, trabajó como organizadora de eventos deportivos, culturales y de ocio’. Pero, como señala el Tribunal Supremo, ‘no se aprecia experiencia alguna ni en gestión pública ni en el ámbito sectorial de la juventud, no reuniendo las específicas cualidades que se precisan’.

Destaca la sentencia, que puede leer aquí, que el INJUVE se trata de una entidad cuya actividad principal es administrativa. Por ello generalmente se encargan de la gestión de subvenciones y de la concesión de prestaciones a los ciudadanos, de modo que lo que hace falta para estar a su frente es una adecuada experiencia en la gestión de recursos económico-financieros y personales de la Administración. Experiencia que le falta a María Teresa Pérez para ser la directora general del organismo.

Algo parecido pasa con Gabriel Castañares, licenciado en Ciencias Ambientales con un postgrado Universitario de Experto en Transporte Terrestre y un máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente. En 2008 comenzó como becario en RENFE donde ascendió a Jefe de Gestión y Eficiencia Energética de RENFE-Operadora.

Cuando nombró a Castañares, Ione Belarra destacó que ‘la Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030 ha de impulsar las actuaciones, a menudo transversales, de un ámbito muy amplio, desde la eficiencia energética hasta la justicia social y la participación en la lucha contra la pobreza en el mundo, requiriendo de su titular una cualificación muy especializada’. A pesar de esto, Belarra justificó el nombramiento de Castañares argumentando que para trabajar en el Ministerio de Derechos Sociales y para la Agenda 2030 se ‘precisan unas experiencia y cualificación que no se corresponde con la exigible a ninguno de los Cuerpos de funcionarios de la Administración General del Estado’.

El Supremo, en cambio, estima parcialmente el recurso de FEDECA contra la disposición adicional séptima del Real Decreto 139/2020, que dice que ‘no será preciso que los titulares de las Direcciones Generales que se relacionan ostenten la condición de funcionario, en atención a las características específicas de las Direcciones Generales’. Y ordena el tribunal que se publique el fallo en Boletín Oficial del Estado (BOE).

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